El sistema penitenciario cubano atraviesa una crisis humanitaria de gran magnitud, según el informe anual elaborado por el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), que documentó 1.858 eventos relacionados con personas privadas de libertad entre marzo de 2024 y el mismo mes de este año. De ellos, 1.330 corresponden a violaciones de derechos humanos, lo que revela un patrón de abusos graves y sistemáticos que afectan todos los aspectos de la vida en prisión, desde las condiciones materiales básicas hasta el derecho fundamental a la vida.
El estudio, basado en la verificación de casos en un contexto de opacidad informativa total, identificó 60 muertes bajo custodia estatal. De ellas, 47 están vinculadas a problemas de salud física y mental o a la falta de atención médica oportuna, y siete resultan de violencia física directa. “Ninguna de estas pérdidas de vidas ha sido objeto de investigación independiente e imparcial, perpetuando un patrón de impunidad que facilita la repetición de estos hechos”, refirió la ONG.
Las violaciones más frecuentes incluyen 1.176 incidentes de hostigamiento y represión, 555 denuncias sobre problemas de salud general, 454 casos de negación de atención médica, 341 relacionados con condiciones inadecuadas de vida y 260 referidos a deficiencias alimentarias. Estas cifras afectan a 548 víctimas individuales identificadas (508 hombres y 40 mujeres), además de 244 denuncias colectivas que reportan violaciones que alcanzan a la totalidad de la población penal en diversos centros.
Los métodos de tortura
El informe detalló cuáles son las prácticas de tortura y tratos crueles que aplica la dictadura cubana en sus cárceles e hizo hincapié en dos: el uso de la “cama turca”, que consiste en la inmovilización en posición fetal durante días; y “la bicicleta”, que obliga a caminar encorvado con las manos esposadas en la espalda.
Además, documentaron casos extremos de encierros de hasta tres años en celdas de castigo y el uso prolongado de esposas tipo “shakiras” (cadenas que inmovilizan manos y pies), que impiden realizar funciones básicas como comer o asearse.
Las condiciones materiales son descritas como infrahumanas: desnutrición masiva, suministro de agua contaminada, hacinamiento que obliga a dormir en el suelo y filtraciones permanentes en infraestructuras deterioradas.
La negligencia médica es una constante. El informe recoge la ausencia casi total de medicamentos básicos y la negación deliberada de atención, incluso en situaciones críticas. Un caso ilustra la gravedad: “Una reclusa se extrajo sus propios cordales (muelas de juicio) sin anestesia ni instrumental adecuado, ante la negativa reiterada de las autoridades a proporcionarle asistencia”, describió el escrito.
El trabajo forzoso es otra práctica extendida en las prisiones de la isla. Las personas reclusas deben cumplir jornadas laborales sin remuneración o con pagos muy inferiores a lo legalmente establecido, bajo amenaza de perder beneficios penitenciarios. La situación es especialmente grave para quienes están privados de libertad por motivos políticos, al menos 329 de las víctimas identificadas, que enfrentan niveles adicionales de represión, aislamiento sistemático y restricciones arbitrarias a la comunicación con sus redes de apoyo.
Impunidad estructural
El informe señaló que la impunidad estructural se sostiene en la ausencia de mecanismos independientes de supervisión. La Fiscalía General de la República, subordinada constitucionalmente al presidente, concentra la función de velar por los derechos de las personas privadas de libertad a través del Departamento de Control de la Legalidad en Establecimientos Penitenciarios (CLEP). Sin embargo, el CLEP carece de independencia real para investigar abusos cometidos por otros órganos del Estado, lo que perpetúa la falta de investigación y sanción de los abusos más graves.
El análisis normativo revela que el marco legal cubano obstaculiza el acceso a mecanismos efectivos de protección y supervisión independiente. La Ley del Proceso Penal y la Ley de Ejecución Penal consolidan el control absoluto del Ministerio del Interior sobre el sistema carcelario, eliminando garantías procesales fundamentales y permitiendo la discrecionalidad en la aplicación de sanciones y beneficios penitenciarios. El informe destacó que la ausencia de un reglamento penitenciario actualizado y la falta de publicidad de las normas internas generan inseguridad jurídica y facilitan decisiones arbitrarias.
En cuanto a la documentación de los abusos, los autores del reporte enfrentaron obstáculos significativos: vigilancia estatal, falta de acceso a información oficial, imposibilidad de ingresar a las prisiones, riesgo para quienes colaboran en la documentación y represión sistemática contra denunciantes. Estas condiciones han provocado un subregistro de la realidad penitenciaria, por lo que las cifras presentadas deben leerse como una muestra verificable de una situación mucho más amplia y deliberadamente oculta por el Estado, advirtieron.
El estudio también detalló casos representativos de golpizas, torturas físicas y psicológicas, humillaciones, abusos sexuales y violencia LGBTfóbica. Se documentan agresiones tanto por parte de las autoridades como de reclusos comunes utilizados como agentes de violencia contra presos políticos, en contravención de las Reglas Mandela de las Naciones Unidas, que prohíben que los reclusos ejerzan funciones disciplinarias.
60 muertes en las prisiones
En el periodo analizado, el Centro registró 60 muertes bajo custodia estatal, la mayoría por falta de atención médica, desnutrición o violencia. No existen resultados públicos sobre investigaciones penales o sanciones disciplinarias contra funcionarios responsables, y a varias familias se les ha negado el acceso a informes forenses y a los cuerpos de las víctimas.
“La persistencia de la impunidad en el sistema penitenciario cubano transmite un mensaje de permisividad institucional que facilita la reincidencia de violaciones graves y resalta la urgencia de mecanismos independientes de supervisión y rendición de cuentas”, subrayó el reporte.
El documento concluyó que el sistema penitenciario cubano es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y con los propios mandatos de la Constitución del país. La magnitud, sistematicidad y gravedad de las violaciones documentadas configuran una crisis humanitaria que trasciende incidentes aislados y revela una política deliberada de degradación humana.
Entre las recomendaciones dirigidas al Estado cubano, el texto exige la supervisión independiente de todos los centros penitenciarios, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, la investigación exhaustiva de todas las muertes bajo custodia estatal y la garantía de condiciones materiales de vida dignas, con alimentación suficiente, agua potable, higiene adecuada y atención médica integral.
También instó a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a reforzar la vigilancia y la presión diplomática para que Cuba cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
El informe del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas constituye una radiografía exhaustiva de un sistema penitenciario marcado por la violencia institucional, la impunidad y la negación sistemática de derechos fundamentales, y demanda una respuesta urgente y coordinada tanto del Estado cubano como de la comunidad internacional.
La palabra de Camila Rodríguez, una de las autoras del informe
En diálogo con Infobae, la activista Camila Rodríguez -una de las autoras del informe- sostuvo que “son situaciones e historias desgarradoras. Tuvimos varios obstáculos al sistematizar la información y elaborar el informe, pero puedo asegurar que algo siempre latente, que en momentos nos impedía avanzar, era la crudeza del material con el que trabajábamos. Por mucho que todos los días estemos en contacto con información muy dura sobre las prisiones, no dejamos de impactarnos con las vivencias y con todo el horror. Tuvimos que parar, respirar y acompañarnos para poder seguir adelante», relató.
Y siguió: “Aun cuando nuestro alcance por el momento es relativamente limitado, confiamos en el valor de estos insumos que no solo presentan cifras, sino que muestran las historias y los hechos de la manera más objetiva posible. Nuestro equipo no ha podido estar en las prisiones porque no es posible y, por tanto, no hemos podido entrevistar directamente a víctimas, testigos ni personal penitenciario».
Sin embargo, indicó que cree que las cifras “son poderosas, aun sabiendo que hablamos de subregistros: ofrecen una idea clarísima de la magnitud de lo que se vive en las cárceles del país. Pero son las historias las que explican lo que está detrás de esos números», enfatizó.
“Trabajamos tres personas del equipo de investigación en el informe y una cuarta supervisó especialmente lo relacionado con las cifras para asegurar que lo registrado manualmente quedara reflejado correctamente en nuestras bases de datos, que además son públicas”, contó Rodríguez a este medio al ser preguntada por la modalidad de trabajo; al tiempo que acotó: “Por supuesto, también están involucradas indirectamente todas las personas dentro de Cuba que nos ayudaron a verificar y completar la información, hasta donde lo permiten las condiciones para buscar datos sobre las prisiones del país. Tanto en el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas como en Justicia 11J (las dos ONG en las que trabaja Rodríguez) estamos profundamente agradecidos con todas ellas. Sobre todo porque quienes denuncian la situación de las cárceles quedan expuestos a mayores vulneraciones de derechos si están privados de libertad. Y si son familiares, activistas o simplemente ciudadanos responsables, también sufren persecución, amenazas e incluso la cárcel o el exilio“.
Por último, relató: “Ha sido un proceso largo. Trabajamos en este informe desde abril. Sabemos que estamos en una batalla constante por la credibilidad en el espacio público y que todo esfuerzo es necesario. El régimen tiene portavoces que cuestionan hasta el más mínimo detalle para desacreditar un trabajo de muchos meses. Por eso, además de sistematizar, revisamos, nos cuestionamos lo que escribimos y volvimos a mirar con otros ojos para comprobar que lo que afirmamos, y la manera en que lo afirmamos, se sostiene”.