Ayer, el Senado brasileño dio luz verde al proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados, conocido como de la “adultización” o ECA digital, en referencia al Estatuto del Niño y del Adolescente, una normativa en vigor desde 1990 que establece los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, así como los deberes de la familia, la sociedad y el Estado en su protección. El estatuto se inspira en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Brasil. La votación de ayer supone un paso adelante muy importante para el país, que ha respondido con rapidez a la alerta lanzada hace dos semanas por el influencer Felipe Brassanim Pereira.
Conocido como Felca, el joven publicó un video que se hizo viral, en el que abordaba con dureza el problema de la adultización en las redes sociales. Se trata del fenómeno por el cual los menores se ven expuestos en la red a comportamientos y responsabilidades típicos del mundo adulto, con consecuencias para su desarrollo. Pocos días después de su denuncia, fue detenido Hytalo Santos, del que se habla en su video, acusado de haber creado una especie de Gran Hermano transmitido en la red con adolescentes como protagonistas, a menudo llevados a imitar comportamientos adultos inapropiados.
Gracias a esta nueva ley, ahora las cuentas en las redes sociales de los menores de 16 años deberán estar vinculadas y conectadas a la de un padre o tutor responsable, que tendrá la posibilidad de gestionar la configuración de privacidad y supervisar las interacciones con adultos. Se pide a las plataformas que ofrezcan herramientas de control parental claras, en portugués y fáciles de usar. Estarán obligadas a verificar la edad real del usuario, sin basarse únicamente en la autodeclaración. Un punto importante de la nueva ley es, sobre todo, el filtrado de contenidos. Las plataformas tendrán la obligación de verificar el contenido sugerido a los perfiles de menores por sus algoritmos e impedir que les lleguen contenidos inapropiados, como pornografía, violencia o que inciten a la depresión, al suicidio o a trastornos alimentarios. También se prohibirán para este tipo de público los contenidos que anuncien apuestas y juegos de azar, bebidas alcohólicas y cigarrillos. Además, las plataformas no podrán utilizar herramientas que fomenten el uso compulsivo, como la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes y las recompensas por el tiempo de permanencia en la plataforma.
La propuesta inicial preveía la eliminación automática de los contenidos que vulneraran los derechos de los niños y adolescentes inmediatamente después de cualquier denuncia. Tras las críticas, sobre todo por parte de los parlamentarios cercanos al ex presidente Bolsonaro, se revisó el texto: la eliminación inmediata solo se producirá si la denuncia procede de la víctima o de sus responsables, del Ministerio Público o de organismos de defensa de los derechos del niño. De este modo, se ha intentado reducir el riesgo de limitar la libertad de expresión. Además, las plataformas estarán obligadas a denunciar y documentar los posibles casos de abuso o explotación de menores, mientras que se prevé la creación de un organismo de supervisión autónomo para verificar el cumplimiento de las nuevas normas. Sin embargo, la ley no entrará en vigor hasta dentro de un año. “Este nuevo proyecto de ley tiene por objeto reforzar y colmar las lagunas para hacer más eficaz la protección de los derechos garantizados por la Constitución Federal y el Estatuto de la Infancia y la Adolescencia”, declaró a la página web de noticias jurídicas Migalhas la abogada Márcia Ferreira, responsable de Privacidad y Protección de Datos del bufete Nelson Wilians Advogados. Según la experta, “la iniciativa representa un paso importante hacia el equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de los más vulnerables en el entorno digital”.
Mientras tanto, la Justicia Laboral brasileña ha impuesto, mediante una orden cautelar, que Meta, propietaria de Facebook e Instagram, no pueda permitir la difusión de contenidos que configuren trabajo infantil sin autorización judicial previa. En caso de incumplimiento, las plataformas serán multadas con 50.000 reales (9.228 dólares) por cada niño o adolescente que se encuentre en situación irregular. La decisión fue tomada por la jueza Juliana Petenate Salles, de San Pablo, tras aceptar una demanda presentada el lunes por el Ministerio Público del Trabajo (MPT). Además del bloqueo inmediato, el MPT también solicitó que se condenara a la empresa a pagar una indemnización de 50 millones de reales (9,2 millones de dólares) por daños morales colectivos y a adoptar medidas concretas de prevención y control. En la decisión, la jueza ha destacado los riesgos inmediatos y graves relacionados con dicha exposición, desde los problemas de salud mental y física derivados de la presión para producir contenidos, hasta la exposición a los ataques de los haters y los daños a la autoestima. También se han subrayado las posibles repercusiones sociales y educativas, como las dificultades en los estudios y las limitaciones a la vida típica de la infancia. Además, se hizo hincapié en el hecho de que las imágenes difundidas en línea pueden copiarse y reutilizarse sin límites y de forma irreversible. Meta puede recurrir la decisión.
Por otro lado, los dos proyectos de ley para regular las Big Tech, que el ejecutivo debería presentar al Congreso esta semana o, a más tardar, a principios de la próxima, han suscitado un debate más acalorado. De hecho, el tema se debate en Brasil no solo por sus implicaciones económicas, sino sobre todo por sus implicaciones políticas, dado el enfrentamiento entre Trump y Lula al respecto. En su segunda reunión ministerial del año, celebrada el martes, el presidente brasileño volvió a criticar a su homólogo estadounidense por la guerra arancelaria en curso. “Trump se ha comportado como si fuera el emperador del planeta Tierra. Es absurdo, pero sigue amenazando al mundo entero”, afirmó Lula, quien también se refirió a la declaración de Trump de castigar con más aranceles a aquellos países que quieran imponer normas a las grandes empresas tecnológicas, reiterando que Brasil “es un país soberano”, donde las compañías extranjeras deben respetar la legislación nacional.
Los dos proyectos de ley propuestos por el ejecutivo son el de servicios digitales y el de competencia en los mercados. El primero introduce la responsabilidad directa de las plataformas y, por lo tanto, la obligación de eliminar inmediatamente, sin necesidad de una decisión judicial, los contenidos que promuevan delitos contra la soberanía nacional y el Estado de derecho, el terrorismo, la trata de personas y la violencia contra las mujeres y los niños. Además, las Big Tech tendrán la obligación de implementar herramientas de “identificación y eliminación inmediata” de estos contenidos. En caso de incumplimiento, la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) tendrá amplios poderes de supervisión, regulación y sanción, pudiendo llegar a imponer multas de hasta el 10% de la facturación de las plataformas, la suspensión e incluso la prohibición de operar en Brasil. La propuesta de Lula exige una mayor transparencia, con auditorías independientes e informes públicos, una sede en Brasil con oficinas dedicadas al consumidor y acceso a los datos con fines de investigación científica.
Sin embargo, uno de los puntos que ha suscitado perplejidad es que no se han aclarado los criterios que se utilizarán para distinguir entre opiniones legítimas y ataques a la democracia, lo que alimenta los temores de censura e instrumentalización política, sobre todo de cara a la campaña electoral para las presidenciales del próximo año. El temor es que, en un contexto de fuerte polarización, la ANPD sea acusada de atacar a las voces que no son del agrado del Gobierno. El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula ya entró en el meollo del debate la semana pasada, en la primera resolución política elaborada por la nueva dirección, al afirmar que la administración Trump intensificará durante la campaña electoral la “guerra híbrida” en las redes sociales con el uso de la inteligencia artificial para difundir noticias falsas y discursos de odio con el objetivo de hacer perder a Lula.
La semana pasada, los representantes de las principales plataformas fueron invitados a una reunión con miembros del Gobierno para debatir los dos proyectos de ley. Según informa Simone Kafruni en el sitio web de noticias Poder360, la reunión “fue descrita como una farsa de diálogo. Convocados con solo 24 horas de antelación, los participantes se vieron obligados a ver una presentación de diapositivas a un ritmo frenético, en la que la presentación del Gobierno duraba solo unos segundos por diapositiva”, escribe Kafruni. El texto completo de los proyectos de ley y el archivo de la presentación no se compartieron. “La percepción fue que el Gobierno simplemente fingía informar a la industria, para poder afirmar posteriormente que había habido un momento de diálogo, pero que las empresas no habían respondido por falta de interés”, escribe Kafruni. En una nota, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República respondió afirmando que “la idea no era obtener un compromiso (por parte de las empresas), sino promover una escucha cualificada, aclarar dudas y reunir aportaciones técnicas que pudieran ayudar al debate en el Congreso”.
En cuanto al proyecto de ley sobre la competencia en los mercados, su objetivo es limitar el poder monopolístico de las grandes plataformas. Prevé el refuerzo del órgano antimonopolio Cade, el Consejo Administrativo de Defensa Económica, que dispondrá de más instrumentos para supervisar y sancionar los abusos de poder económico. Además, se introduce la categoría de “plataformas sistémicas”, es decir, empresas con una enorme facturación e impacto en el mercado, sujetas a normas especiales de transparencia y notificación previa en caso de fusiones o adquisiciones. Mientras tanto, el Consejo de la Industria de la Tecnología de la Información (ITI), la Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones (CCIA) y la Asociación de Tecnología de Consumo (CTA), que agrupan a 81 grandes multinacionales como Amazon, Google, Apple, Microsoft y Meta, han enviado a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), que investiga a Brasil por “prácticas comerciales desleales” contra los EE.UU., una carta en la que expresan su preocupación por el marco regulatorio en Brasil, que, en su opinión, aumenta la incertidumbre jurídica, incrementa los costes operativos y desalienta las inversiones. Por ello, han pedido a la administración Trump que ejerza presión diplomática sobre el gigante latinoamericano.