Gabriel Boric y José Antonio Kast restablecieron este domingo el proceso de traspaso de mando en Chile, después de cinco días de un quiebre sin precedentes en la historia reciente del país. El presidente saliente anunció desde el Palacio de La Moneda que considera superadas las diferencias con su sucesor y que el cambio de gobierno del próximo 11 de marzo se realizará “de manera impecable”. La crisis, que paralizó más de cuarenta reuniones bilaterales entre funcionarios de ambas administraciones, tuvo su origen en un proyecto de cable submarino de fibra óptica impulsado por la empresa estatal china China Mobile International, que conectaría la región chilena de Valparaíso con Hong Kong.
“Garantizo a las chilenas y chilenos que el próximo 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable y que el Estado de Chile, como corresponde, continúa funcionando de la mejor manera”, señaló Boric en un breve punto de prensa. Kast, por su parte, subrayó la importancia que ambos asignan a las instituciones republicanas y confirmó que acordaron hacer “todo lo necesario para asegurar un buen cambio de mando”.
El epicentro del conflicto fue el proyecto Chile-China Express, una infraestructura de telecomunicaciones de casi 20.000 kilómetros que, de completarse, cruzaría el Pacífico para conectar Asia con el continente americano. El 27 de enero, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto que otorgaba a China Mobile International una concesión por 30 años para construir y operar el cable. Cuarenta y ocho horas después, el decreto fue anulado alegando un “error técnico de tipeo”, aunque el expediente administrativo permaneció abierto en la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
La reacción de Washington no se hizo esperar. El 20 de febrero, el Departamento de Estado revocó las visas diplomáticas de Muñoz, del subsecretario de Telecomunicaciones Claudio Araya y del asesor Guillermo Petersen, acusándolos de “socavar la seguridad regional”. La medida encendió la disputa entre ambas administraciones. Boric afirmó haber informado a Kast sobre el conflicto semanas antes de que se hiciera público. El equipo del presidente electo lo desmintió y aseguró que solo se le había “enunciado” el tema, sin detalles.
La tensión culminó el pasado martes 3 de marzo, cuando una reunión de traspaso en La Moneda se interrumpió a los 22 minutos. Kast exigió a Boric que se retractara de sus declaraciones sobre la llamada telefónica previa; el mandatario se negó y el presidente electo abandonó el Palacio y anunció el fin del proceso de coordinación entre ambos gobiernos. Fue el quiebre más grave entre un presidente saliente y uno entrante en décadas, según coincidieron analistas y medios chilenos.
El telón de fondo del conflicto es geopolítico. China es el principal socio comercial de Chile —con exportaciones que superaron los 3.500 millones de dólares en 2025— mientras que Estados Unidos es su mayor inversor extranjero. El cable submarino convirtió a Santiago en un campo más de la disputa entre las dos grandes potencias, obligando al nuevo gobierno a posicionarse antes incluso de asumir el poder. Kast, que el jueves participó en Miami en la cumbre regional convocada por Donald Trump, declaró que no es incompatible mantener buenas relaciones con ambos países, aunque los analistas advierten que Washington pedirá señales concretas de alineamiento estratégico una vez que asuma.
La concesión a China Mobile fue impulsada desde el entorno del propio Boric, según reveló La Tercera. El principal impulso provino del asesor de relaciones exteriores del Palacio presidencial, Carlos Figueroa, y de autoridades de la Subtel, mientras que la Cancillería, consciente de los riesgos geopolíticos, mantuvo reservas sobre el proyecto. El expediente sigue formalmente abierto en las dependencias estatales: la decisión final sobre si el cable se construye o se cancela definitivamente recaerá sobre el gobierno entrante.
El nuevo ejecutivo de Kast llega a La Moneda con una encrucijada diplomática sin resolver. Cada decisión sobre el cable tendrá costos: cancelarlo enviaría una señal clara de prioridad hacia Washington, pero podría afectar las expectativas del sector exportador y las inversiones asiáticas en el país. Mantenerlo abriría un frente de tensión inmediato con la administración Trump. La reconciliación del domingo despejó el camino para un cambio de gobierno ordenado. Lo que viene después es más difícil.