Cinco ex funcionarios del Servicio General de Identificación Personal de Bolivia (Segip) enfrentan procesos por haber presuntamente facilitado documentos de identidad bolivianos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de manera irregular.
El ex director del Segip, Alpacino Mojica, informó que se presentó la denuncia formal “contra aquellos servidores públicos que lo atendieron” y que estuvieron involucrados en el otorgamiento de las cédulas con otra identidad. Los cinco procesados ingresaron a la institución en abril de 2017 y fueron retirados en noviembre de 2023, tras los indicios que los vinculan con Marset.
La acusación sostiene que la obtención de una cédula de identidad boliviana le permitió al narcotraficante moverse libremente dentro del país, participar en actividades públicas del ámbito deportivo y consolidar su red criminal vinculada al tráfico de drogas.
El inicio del juicio oral estaba previsto para este miércoles pero fue suspendido sin fecha de reanudación. Mojica señaló ante los medios locales que pedirán la máxima condena para los acusados.
El caso ha puesto en debate las posibles deficiencias en los controles institucionales del sistema de identificación nacional, apuntando a una falta de transparencia y supervisión que podría haber permitido irregularidades administrativas. Los procedimientos que se discuten en el juicio involucran una revisión exhaustiva de los criterios y protocolos utilizados en la emisión de documentos oficiales, y a quiénes estuvieron detrás de su expedición.
Este proceso judicial no solo adquiere relevancia por el perfil del acusado, denunciado por el delito de narcotráfico y buscado por varios países, sino también por su potencial impacto en la credibilidad del Segip como institución pública.
La presencia de Sebastián Marset en Bolivia se confirmó en 2023, cuando un operativo policial de gran envergadura en Santa Cruz de la Sierra intentó capturarlo en la vivienda donde residía junto a su familia. Marset consiguió escapar del operativo y se encuentra prófugo desde entonces, bajo la búsqueda de distintas agencias policiales de la región.
En julio de 2024, su esposa Gianina García Troche, fue capturada en España y extraditada un año más tarde a Paraguay, bajo fuerte dispositivo de seguridad policial y militar, donde era requerida por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante su estadía Bolivia, Marset formó parte del equipo Los Leones El Torno FC, en el que figuraba con otra identidad como jugador y parte del directorio del club, actualmente suspendido. Las autoridades bolivianas también vinculan a Marset con negocios relacionados al ámbito del entretenimiento.
Marset enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y uso de identidades falsas en diferentes países. En 2012 fue detenido en Uruguay por posesión de armas y drogas, pero años después reapareció en el radar internacional como parte de una estructura criminal transnacional. En 2021 fue arrestado en Dubai por portar un pasaporte paraguayo falso, aunque consiguió recuperar su libertad antes de que prosperaran las solicitudes de extradición.
En Paraguay, está acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en una playa de Colombia. Pecci era un fiscal especializado en crimen organizado y narcotráfico, y estaba a cargo de investigaciones que afectaban directamente a redes internacionales de drogas.
Actualmente el capo uruguayo es considerado un fugitivo de alto perfil y uno de los objetivos prioritarios para las agencias de seguridad de la región, al ser considerado un actor clave dentro del tráfico internacional de drogas.