A más de un año de la primera marcha universitaria que reclamó fondos para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país, alertó que la crisis presupuestaria persiste. En ese marco, diputados de tres bloques “dialoguistas” presentaron un nuevo proyecto que apunta a darle previsibilidad presupuestaria a las casas de estudio.
El proyecto fue elaborado por Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), pero también fue firmado por representantes de Encuentro Federal, la bancada que conduce Miguel Ángel Pichetto.
La iniciativa propone la actualización automática de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades nacionales, tomando como base la inflación acumulada entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024, y una fórmula mixta de actualización para este año. Además, propone recomponer el salario de los docentes y no docentes universitarios.
Entre sus puntos destacados establece que los fondos asignados a las actividades presupuestarias claves del sistema universitario se actualicen a partir del 1° de enero de 2025 según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que durante el año se continúe con ajustes bimestrales combinando inflación (50%), variación del tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y tarifas de servicios públicos (25%).
También prevé la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes universitarios dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley, con el fin de recomponer los salarios en base a la inflación acumulada. Asimismo, propone actualizar los programas de becas estudiantiles por inflación desde diciembre de 2023 y establecer mecanismos automáticos de actualización para evitar que pierdan poder adquisitivo.
“Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país”, expresó la diputada Tavela, que fue vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Y agregó: “La educación superior es una inversión estratégica para el futuro del país. Garantizar su financiamiento adecuado es una condición indispensable para promover el desarrollo científico, tecnológico, cultural y social de la Argentina”.
Por su parte, Ferraro, de la Coalición Cívica, aseguró que “destruir las universidades es destruir el futuro del país”. “Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa. No nos da lo mismo. Por eso impulsamos este proyecto, para garantizar su sostenimiento. Esta decisión no es aislada ni accidental: forma parte de un rumbo elegido que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Por eso, defender la universidad pública es una causa irrenunciable para quienes creemos en un país con futuro, igualdad y oportunidades”, dijo.
Asimismo, otro aspecto clave de la iniciativa es la modificación del artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incorporando criterios objetivos para la distribución presupuestaria, tales como el número de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos, actividades científicas y de extensión, garantizando además la equidad regional y la transparencia en la asignación de recursos.
El proyecto otorga un rol protagónico a la Auditoría General de la Nación, que deberá remitir al Congreso informes de seguimiento y control sobre el uso de los fondos, reforzando la transparencia del sistema.
El proyecto lleva las firmas de los diputados Fernando Carabajal, Marcela Antola, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mariela Coletta, Marcela Coli, Mónica Fein, Mónica Frade, Melina Giorgi, Pablo Juliano, Facundo Manes, Esteban Paulón, Margarita Stolbizer y Nicolás Massot.
El año pasado, tras dos masivas marchas de estudiantes, la oposición logró sancionar en el Congreso una ley que aumentaba los salarios por inflación de forma retroactiva a enero de 2024. Pero el Gobierno la vetó y logró sostener ese rechazo gracias al apoyo de los gobernadores, el PRO y parte del radicalismo.
La intervención de Mauricio Macri fue determinante para ordenar la bancada del PRO, que estaba atravesada por fuertes tensiones internas. Algunos consideraban que la crisis con los gremios docentes había escalado innecesariamente por falta de negociación y además entendían que el costo de 0,14 del PBI no ponía realmente el riesgo el equilibrio fiscal.
También fue clave la decisión de cinco diputados radicales que apoyaron el veto. Luis Picat, José Tournier, Martín Arjol, Mariano Campero y Pablo Cervi luego serían conocidos como los “radicales con peluca” y terminarían formando su propio bloque llamado La Liga del Interior.
Tal como sostenían el año pasado, desde la Casa Rosada aseguran que no permitirán la sanción de ningún proyecto que ponga en jaque el equilibrio fiscal. Por lo que un avance de la oposición en este sentido podría terminar nuevamente con un veto presidencial.