El Ministerio del Interior anuncia los avances en la captura de los responsables del atentado contra la sede principal del Ministerio Público en Trujillo. Recientemente, presentó a cinco sospechosos detenidos por este acto, entre los que se encuentra Héctor Oliveros Tablante, conocido como ‘chamo Héctor’. Este personaje habría sido beneficiado por Migraciones en 2023.
¿Pero, quién es el chamo Héctor‘’ y cuál es su papel en la trama criminal que azota Trujillo? Según la PNP, Héctor Oliveros es una figura clave en la estructura delictiva que conecta los préstamos ilegales gota a gota con la banda ‘Los Pulpos’, liderada por Jhonsson Smith Cruz Torres. Esta organización opera en coordinación con el Tren de Aragua, una temida facción criminal de origen venezolano que migró a territorio peruano.
Según informaciones obtenidas por la Policía de Trujillo, Los Pulpos y el Tren de Aragua habrían alcanzado un acuerdo de no agresión. Mientras los trujillanos se encargan de actividades como secuestros, extorsión y cobro de cupos, los extranjeros manejan la lucrativa plaza de los préstamos gota a gota. Este acuerdo ha permitido a ambas organizaciones operar en relativa paz, intercambiando recursos como motorizados y sicarios para sus operaciones.
En este contexto, Héctor Oliveros Tablante se desempeñaba como encargado de mover dinero negro generado por los préstamos ilegales y eventos públicos organizados por Los Pulpos. Además, se le acusa de coordinar la entrega de explosivos utilizados en el atentado al Ministerio Público. Una cámara de seguridad captó a un extranjero dejando una caja de delivery con dinamita en el jardín de la sede, un hecho que refuerza las sospechas contra Oliveros.
Migraciones
En ese contexto, la detención de Héctor Oliveros evidencia las debilidades en el sistema de control migratorio y como, de forma intencional, puede beneficiar al crimen organizado. Además, pone bajo la lupa a las decisiones de la entidad, que está adscrita al Ministerio del Interior.
Perú 21 reveló que el 31 de octubre de 2023, Migraciones emitió la resolución 702-2023, que condonó la multa de Héctor Oliveros por exceso de permanencia en el país. Este beneficio se basó en un informe social que lo declaró en “situación de vulnerabilidad” debido a su pobreza. Según informó una fuente del organismo al medio, una asistenta social verificó que Oliveros no tenía antecedentes penales en Venezuela ni alertas de Interpol. Además, presentó un acta de nacimiento de su hijo peruano registrado en Reniec, lo que fue considerado bajo los principios de unidad familiar y el interés superior del niño.
Migraciones justificó la decisión al destacar que Héctor Oliveros también presentó un certificado de antecedentes penales apostillado y un informe de Interpol que confirmaban la ausencia de delitos previos. Sin embargo, este procedimiento administrativo ahora es cuestionado, dado que permitió que una figura vinculada al crimen organizado continuara operando en el país sin restricciones.
“Como parte del trámite, Héctor Oliveros presentó adicionalmente un Certificado de Antecedentes Penales de Venezuela, debidamente apostillado, que confirmó la inexistencia de antecedentes en su país de origen. Asimismo, una comunicación oficial de INTERPOL ratificó la ausencia de alertas internacionales”, señaló Migraciones.
La institución subrayó que la resolución administrativa se tomó conforme a la normativa vigente, fundamentándose en los principios de protección a la unidad familiar y el interés superior del menor, dado que el detenido tiene un hijo nacido en Perú.
Precisamente, Olivares fue detenido junto a su pareja, alias ‘Cami’, quien también habría participado en las actividades delictivas de Los Pulpos. Durante el operativo, se incautaron más de 6 mil soles, stickers extorsivos y cartuchos de dinamita.
Enfrentamientos
La explosión en Trujillo también generó más roces entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, expresó su preocupación por la divulgación de información reservada relacionada con el caso. Espinoza criticó que el ministro Juan José Santiváñez, revelara detalles sensibles, incluyendo los nombres de fiscales amenazados. La fiscal advirtió que estas acciones ponen en riesgo la seguridad de magistrados y entorpecen las investigaciones.