La Corte Suprema de Justicia investiga un esquema de sobornos que involucra a los congresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían recibido 4.000 millones de pesos desviados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Estos fondos, que debían utilizarse para atender emergencias naturales, fueron destinados a financiar campañas políticas de familiares de los implicados.
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Según medios como El Tiempo y El Colombiano, el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, ha señalado que, para evitar el transporte físico de grandes cantidades de efectivo —que resultaba inviable y sospechoso—, se optó por el uso de criptomonedas.
Según Pinilla, el dinero fue convertido en monedas digitales y luego transferido a través de canales electrónicos, lo que permitió que las entregas se realizaran de manera más discreta. Una vez las criptomonedas fueron transferidas a los destinatarios, estos las convirtieron nuevamente en efectivo.
Pinilla, quien está detenido y ha colaborado con la Fiscalía, explicó cómo se organizó este mecanismo. En particular, señaló que parte del dinero fue entregado al congresista Andrés Calle en Montería, en su apartamento, utilizando una maleta con mil millones de pesos en efectivo, aunque la transacción inicial se realizó de manera digital a través de criptomonedas.
De acuerdo con los medios mencionados, esta maniobra buscó garantizar que el dinero pudiera ser transferido de Bogotá a Montería sin levantar sospechas, en un contexto de estrictas regulaciones sobre movimientos de efectivo.
“¿Cuál era la mejor forma? A través de criptomonedas. ¿Por qué? Porque entregas aquí y al otro día te entregan en el otro sitio”, explicó Sneyder Pinillla.
El caso también involucra a la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, quien actuó como intermediaria en la distribución de los fondos, facilitando el transporte de las criptomonedas y supervisando las entregas físicas de dinero.
La investigación documenta cómo las transferencias digitales se realizaron entre varios actores involucrados, con el fin de asegurar el flujo de recursos sin alertar a las autoridades.
Este uso de criptomonedas ha generado una nueva preocupación en Colombia sobre la seguridad de los sistemas financieros y su vulnerabilidad a ser utilizados en actos de corrupción.
Más políticos implicados en el escándalo de la Ungrd
La Corte Suprema de Justicia, junto con la Fiscalía General de la Nación, continúan investigando la magnitud del esquema y las responsabilidades de los funcionarios públicos implicados. La Corte ha detallado cómo las entregas de dinero, que fueron realizadas en varias partes, involucraron no solo a los congresistas Name y Calle, sino también a familiares de ambos.
Testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla sugieren que los fondos desviados fueron utilizados para apoyar las campañas de María Clara Name Ramírez, hija de Iván Name, quien aspiraba al Concejo de Bogotá, y de Gabriel Enrique Calle Aguas, hermano de Andrés Calle, en el departamento de Córdoba.
La investigación también ha revelado que una parte de los recursos fue destinada a impulsar las aspiraciones políticas de Gabriel Alberto Calle Demoya, padre de Andrés Calle, quien buscaba un cargo político en Córdoba.
Estos movimientos han sido corroborados por declaraciones ante la Fiscalía, en las que se detalla cómo los fondos públicos fueron redirigidos para estos fines.
Un evento clave en la investigación fue un desayuno realizado el 25 de septiembre de 2023 en el Hotel Tequendama Suites, donde se discutió el apoyo económico para la campaña de María Clara Name.
En este encuentro participaron Iván Name, Olmedo López y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial. La relación entre Name y Ortiz ha sido destacada por la Corte, añadiendo complejidad al caso.
La Corte Suprema ha señalado la posible implicación de la Casa de Nariño, sugiriendo que el esquema de corrupción podría haber sido orquestado desde las altas esferas del gobierno.
A pesar de las graves acusaciones, los implicados han negado cualquier irregularidad, calificado las denuncias como injuriosas y asegurado que están dispuestos a acudir a la justicia para demostrar su inocencia.
El senador Iván Name ha expresado que no renunciará a su curul, mientras la Fiscalía y la Corte Suprema siguen recabando pruebas para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
El escándalo ha puesto en evidencia la compleja red de corrupción que operaba dentro de las instituciones del Gobierno y el Congreso, y ha generado un debate sobre la necesidad de implementar reformas estructurales en el sistema político y financiero colombiano para prevenir futuros casos de corrupción y abuso de recursos públicos.