En el Senado de la República, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron, con 22 votos a favor y 10 en contra, el dictamen de la minuta enviada por los diputados, la que se amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos la producción, tráfico y venta de fentanilo y otras drogas sintéticas.
El proyecto de reforma al artículo 19 de la Constitución Política cobra relevancia luego de las acusaciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los productos mexicanos si nuestro país no toma medidas contra el tráfico de fentanilo y los flujos migratorios.
La modificación incluye ahora la extorsión y el tráfico de fentanilo entre los delitos que pueden llevar a prisión preventiva. Además, se han añadido delitos relacionados con la salud pública, el desarrollo de la personalidad y la falsificación de comprobantes fiscales. Esta ampliación ha generado un intenso debate en el Congreso, donde diferentes partidos han manifestado sus posturas.
La enmienda establece que los órganos del Estado deben adherirse estrictamente a la literalidad de las normas, prohibiendo cualquier interpretación que busque inaplicar, suspender o modificar sus términos.
Esta disposición ha generado preocupación entre algunos legisladores, quienes temen que pueda llevar a un uso excesivo de la prisión preventiva sin considerar las circunstancias individuales de cada caso.
Partidos se posicionan frente a la reforma
Ricardo Anaya Cortés, representante de Acción Nacional, ha expresado su preocupación por la reciente enmienda constitucional que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México. Según Anaya, esta medida podría violar la presunción de inocencia, un principio fundamental de los derechos humanos, tal como han advertido tanto el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, criticó la medida al considerarla una “pena anticipada” que elimina la posibilidad de evaluar individualmente la necesidad de una detención, violando así el principio de presunción de inocencia. Colosio Riojas argumentó que, en lugar de fortalecer las fiscalías y garantizar investigaciones eficientes, se están adoptando medidas que perpetúan la discriminación y erosionan el Estado de Derecho.
Claudia Edith Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó la enmienda, argumentando que cada modificación al artículo 19 ha empeorado su aplicación. Anaya Mota advirtió que la interpretación literal de la norma podría llevar a un uso excesivo de la prisión preventiva, limitando la capacidad de los jueces para interpretar la ley de manera más flexible.
Por otro lado, Luis Alfonso Silva Romo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendió la inclusión de estos delitos, afirmando que la extorsión afecta la tranquilidad de las familias, el tráfico de fentanilo atenta contra la salud pública y la falsificación de comprobantes fiscales perjudica la administración pública.
Desde el Partido del Trabajo (PT), Alejandro González Yáñez reconoció que la prisión preventiva oficiosa es una medida delicada en términos de derechos humanos, pero la defendió como una herramienta para romper cadenas delictivas que comienzan con delitos menores como la extorsión.