La situación de los okupas en España ha sido una cuestión controvertida durante décadas. El fenómeno no es nuevo, pero ha adquirido visibilidad mediática en los últimos años debido a la creciente presencia de extranjeros, en especial de migrantes ilegales, en ciertos barrios de grandes ciudades como Madrid.
Uno de los ejemplos más recientes es el caso de los peruanos okupas en Carabanchel, un distrito madrileño que ha sido testigo de una invasión de más de 120 compatriotas, que han ocupado 28 viviendas, amparados por las leyes españolas, pero en medio de un debate social y legal acerca de los derechos y la moralidad detrás de estas acciones.
¿Qué son los okupas?
El término “okupa” hace referencia a aquellas personas que toman posesión de una propiedad sin el consentimiento de su dueño. En España, la figura del okupa ha sido, desde sus orígenes en la década de los 80, una respuesta al desajuste entre la oferta y demanda de vivienda, sobre todo en grandes ciudades donde los precios de alquiler y compra han subido desmesuradamente.
Desde una perspectiva histórica, el movimiento okupa comenzó como una protesta social, con raíces en la ideología del anarquismo y en la crítica a la especulación inmobiliaria.
Ocultar viviendas vacías para darles un uso social y subrayar la injusticia del mercado inmobiliario fue la consigna que unió a muchos de los primeros okupas. De ahí que se hable, muchas veces, de un movimiento de resistencia y protesta, un reflejo de la desigualdad social.
Los okupas peruanos en Carabanchel: desesperación y negocio
La situación de los peruanos okupas en Carabanchel tiene matices que se alejan del espíritu original del movimiento. Según informes recientes, más de 120 personas, mayormente peruanos en situación irregular, han invadido 28 viviendas de un complejo residencial de lujo en este barrio madrileño.
La historia no se limita a una toma de viviendas por necesidad, sino que se ve empañada por el negocio ilícito de mafias que alquilan a los ocupantes, aprovechándose de su vulnerabilidad.
De hecho, algunos de los okupas han solicitado hasta 15.000 euros para abandonar las viviendas, lo que pone de manifiesto que la ocupación se ha convertido en un lucrativo modelo de extorsión.
La situación ha desbordado a las autoridades y a los residentes del lugar, que se ven atrapados entre la ley y la realidad de un mercado inmobiliario implacable.
Los testimonios de vecinos y propietarios de las viviendas ocupadas reflejan un ambiente de impotencia y desconcierto, mientras las autoridades intentan aplicar la ley sin encontrar respuestas rápidas y eficaces.
El contexto de esta ocupación también está marcado por un fenómeno más complejo: la existencia de redes organizadas que planifican y gestionan las ocupaciones en barrios como Carabanchel.
Estas mafias, conocidas como “la mafia gitana” en algunos informes, tienen la capacidad de ocupar viviendas en grandes cantidades, para luego negociar con los propietarios o las autoridades una salida que, en muchos casos, no se resuelve con rapidez.
El caso de Carabanchel es, por tanto, solo uno de los muchos ejemplos de cómo la ocupación ilegal se ha convertido en una especie de mercado paralelo en las ciudades españolas.
El marco legal: ¿una protección demasiado amplia?
Por otro lado, el sistema legal español tiene una postura que, para muchos, favorece a los okupas. Si bien la ley establece procedimientos de desalojo, estos son largos y complejos.
Un aspecto fundamental es la prohibición de la expulsión sin un proceso legal previo, lo que protege a los ocupantes hasta que se resuelva judicialmente la cuestión.
Esto ha generado controversia, ya que mientras algunos defienden que los okupas deben ser protegidos por su derecho a la vivienda, otros sostienen que este amparo legal ha dado lugar a un abuso del sistema.
En la legislación española, si una persona entra en una propiedad vacía y no tiene antecedentes penales, no se le puede desalojar de inmediato. Solo tras una sentencia judicial, y una vez que el proceso haya sido tramitado, se puede proceder con la expulsión.
Esta protección, pensada para evitar desahucios rápidos y violentos, ha sido vista como un coladero para quienes se benefician de la ocupación ilegal como una forma de obtener ingresos o de simplemente encontrar una vivienda de manera forzosa.
La verdadera historia de los okupas en España
La imagen del okupa, tan repetidamente caricaturizada en discursos políticos y mediáticos, oculta la riqueza de un relato que se nutre de diversas experiencias y contextos históricos.
El movimiento okupa no es un fenómeno homogéneo; en sus orígenes se gestó en la posguerra y se consolidó durante décadas como una respuesta a la falta de vivienda y al abandono de inmuebles por parte del poder público y privado.
Fue, y en muchos casos sigue siendo, una respuesta desesperada a la necesidad de habitar espacios que, de otro modo, permanecerían vacíos y sin vida.
En este sentido, la historia de los okupas en España es también una historia de resiliencia y de búsqueda de alternativas en tiempos de crisis. Cada acción de ocupación es, en esencia, un grito silente que denuncia un sistema que ha olvidado a muchos de sus ciudadanos.
Y aunque la situación en Carabanchel, protagonizada por peruanos que han encontrado en estas viviendas un refugio temporal o una plataforma de protesta, es motivo de controversia, es también una muestra palpable de cómo la crisis habitacional y la exclusión pueden impulsar a personas a buscar soluciones fuera de lo establecido.
La narrativa de los okupas se convierte, por tanto, en un espejo de las tensiones y contradicciones que atraviesan la sociedad española. La lucha por la vivienda, el derecho a un espacio digno y la crítica al modelo económico imperante se entrelazan en una trama donde la legalidad, la moral y la justicia social se debaten en un escenario urbano cada vez más complejo.
Así, cada caso, cada edificio ocupado, es un microcosmos de la disputa entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda, entre el orden jurídico y la emergencia social.