El Ingreso Mínimo Vital (IMV), una presentación económica destinada a combatir la pobreza y la exclusión social en España, no solo busca garantizar un nivel mínimo de ingresos para quienes enfrentan vulnerabilidad económica, sino también promover su inclusión social y laboral. Sin embargo, el proceso relacionado con esta ayuda puede presentar complicaciones, especialmente en casos de cobros indebidos.
El IMV se configura como un derecho subjetivo dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, dirigido tanto a personas que viven solas como a aquellas que forman parte de una unidad de convivencia. Su objetivo principal es proporcionar los recursos básicos necesarios para cubrir las necesidades esenciales de los beneficiarios. No obstante, el sistema también contempla procedimientos específicos para gestionar situaciones en las que se perciban pagos erróneos, lo que puede derivar en la devolución de cantidades indebidas.
Requisitos para solicitar el Ingreso Mínimo Vital
Para acceder al IMV, los solicitantes deben completar un formulario que incluye la introducción de datos personales, proporcionar una dirección de correo electrónico válida y adjuntar fotografías tanto del documento de identificación (DNI o NIE) como del propio solicitante. Además, es necesario presentar documentación adicional que respalde la solicitud. Según la Seguridad Social, tras el envío inicial, podría requerirse documentación complementaria o la realización de gestiones adicionales, las cuales se detallan en las preguntas frecuentes del servicio
Este proceso busca garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, pero también establece mecanismos para corregir errores en caso de que se detecten pagos indebidos.
Plazos y procedimientos para devolver cobros indebidos
Cuando el beneficiario recibe un cobro indebido del IMV, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) notifica la situación y otorga un plazo de diez días para que el afectado presente las alegaciones que considere oportunas. Posteriormente, el SEPE emite una resolución que determina si efectivamente se ha percibido un pago indebido y, en caso afirmativo, establece la cuantía correspondiente.
El plazo para devolver el importe señalado es de 30 días a partir de la notificación de la resolución. El ingreso debe realizarse en la cuenta bancaria indicada en el documento oficial. Es fundamental cumplir con este plazo para evitar la aplicación de recargos adicionales.
Devolución de ingresos indebidos y derechos de los cotizantes
En el caso de que una persona haya realizado pagos erróneos a la Seguridad Social, ya sea por cotizaciones o deudas, tiene derecho a solicitar la devolución total o parcial de dichos importes. Este proceso incluye el cálculo de intereses de demora desde la fecha del ingreso hasta la propuesta de pago. Sin embargo, no se contempla la devolución de cuotas o recursos ingresados de manera maliciosa.
Si el solicitante de la devolución tiene deudas pendientes con la Seguridad Social, el importe devuelto se aplicará directamente a la amortización de dichas deudas, salvo en casos específicos como las deudas garantizadas mediante aval genérico. Las solicitudes deben dirigirse a la administración correspondiente al domicilio del obligado al pago, o a la administración centralizada en caso de que así se gestione.
Plataformas y herramientas para gestionar devoluciones
Los trabajadores de regímenes especiales, como autónomos, empleados del hogar o trabajadores del mar, pueden gestionar la devolución de sus cuotas a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. Este servicio también permite consultar el estado de tramitación de las solicitudes, siempre que se disponga de un DNI electrónico o certificado digital.
Por su parte, los empresarios deben solicitar la devolución tanto de su aportación como de la de sus trabajadores. En caso de que la empresa haya desaparecido o se niegue a realizar la solicitud, los trabajadores por cuenta ajena pueden gestionar directamente la devolución de sus cuotas.
El derecho a solicitar la devolución de cuotas prescribe a los cuatro años, contados desde el día siguiente al ingreso. Este límite temporal subraya la importancia de que los interesados actúen con prontitud para evitar la pérdida de este derecho.