En marzo de 2024, las autoridades colombianas encontraron al ciudadano extranjero Timothy Alan Livingston en un hotel ubicado en la comuna de El Poblado, Medellín, en compañía de menores de edad.
El caso, registrado el año pasado, llevó a la apertura de investigaciones para esclarecer los hechos.
Frente a estos hechos, la Procuraduría General de la Nación informó recientemente que ha tomado nuevas acciones disciplinarias en el caso de Timothy Alan Livingston.
El Ministerio Público informó que formuló cargos en contra el comandante de la patrulla de vigilancia de la Estación de Policía de El Poblado Gustavo Ernesto Lasso Pedraza y el comandante del CAI El Poblado, Andrés Felipe Montenegro Moreno, ya que según la entidad habrían incurrido en faltas disciplinarias en el cumplimiento de sus funciones.
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La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra Gustavo Ernesto Lasso Pedraza, comandante de la patrulla de vigilancia de la Estación de Policía de El Poblado, por presuntamente incumplir su deber al no presentar ante la autoridad judicial al ciudadano extranjero hallado en un hotel. Según el Ministerio Público, el uniformado también habría omitido procedimientos esenciales como la prevención, verificación, acordonamiento del lugar de los hechos y la protección del material probatorio y la evidencia física.
El Ministerio Público señaló que Gustavo Ernesto Lasso Pedraza habría incurrido en una falta gravísima, actuando con dolo, y que su conducta constituye un concurso heterogéneo de infracciones disciplinarias. “Lasso Pedraza incurrió en una falta gravísima, bajo la forma de culpabilidad dolosa, en concurso heterogéneo”, informó la entidad en su comunicado.
La entidad también señaló a Andrés Felipe Montenegro Moreno, comandante del CAI El Poblado, por presuntamente no haber verificado la correcta ejecución de los procedimientos requeridos en el lugar de los hechos. Según el ente de control, el oficial no habría supervisado las acciones de aseguramiento del área ni la protección del material probatorio y la evidencia física, tareas que correspondían a la fuerza pública. Por estos hechos, la entidad determinó que incurrió en una falta grave, atribuida a una culpabilidad culposa.
La Procuraduría General de la Nación de igual manera destacó en su comunicado lo siguiente: “La Procuraduría General de la Nación resaltó que la investigación se realizó con el enfoque diferencial de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley”.
Con respecto al caso por el que ambos uniformados fueron señalados por el Ministerio Público, horas después de lo ocurrido, la Policía detuvo a Timothy Alan Livingston, pero fue liberado al no encontrarse elementos que permitieran su judicialización, ya que en ese momento no se acreditó la existencia de un delito.
Un mes después de los hechos, las autoridades colombianas solicitaron a Interpol la emisión de una circular azul para dar con el paradero de Timothy Alan Livingston, cuya ubicación inicial se reportaba en Ohio, Estados Unidos. Mientras la Fiscalía General avanzaba en este requerimiento en el contexto de la investigación por el abuso de dos menores en Medellín, las autoridades estadounidenses confirmaron que el ciudadano norteamericano también era objeto de otras dos investigaciones en su país por casos similares.
En 2024, la Procuraduría General de la Nación ya había iniciado una investigación disciplinaria contra ocho integrantes de la Policía de Medellín por posibles irregularidades en su actuación durante la detención del ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston.
En su momento, el ente de control argumentó que los uniformados debieron remitir el caso a la Fiscalía de manera inmediata, pero en su lugar trasladaron al ciudadano estadounidense a un centro de protección sin iniciar el proceso judicial correspondiente.
“La Procuraduría encontró que los miembros de la fuerza pública: un subteniente, un intendente, un subintendente y cinco patrulleros, podrían haber incurrido, presuntamente, en una falta gravísima al demorar injustificadamente su conducción ante la autoridad competente”, explicó el Ministerio Público en un comunicado sobre la situación.