El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció este martes sobre la eventual fuga del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien se encuentra con paradero desconocido mientras el Poder Judicial decide si dicta 36 meses de prisión preventiva en su contra en el caso de la presunta red de tráfico de influencias ‘Waykis en la Sombra’.
En una rueda de prensa, el legislador indicó que la “posición” de Alianza Para el Progreso (APP), la bancada a la que pertenece, es que “todo aquel ciudadano o funcionario que cometa un delito tiene que ser sometido a las investigaciones del Ministerio Público y el Poder Judicial en su momento, respetando el debido proceso”.
“Tengo entendido que están a la espera de la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho para el tema de la prisión preventiva, y el juzgado dispondrá lo que corresponde. Si se fuga, la Policía tendrá que encargarse de capturarlo”, agregó.
Salhuana indicó que, según el Código Procesal Penal, “cuando hay una prisión preventiva, el imputado no está obligado a asistir a la audiencia”, ya que puede ser representado por su abogado. “En ese caso, el abogado ha asistido, el imputado no. Si el juez dispone la prisión preventiva, esta puede ser apelada, y si la Sala Penal la confirma, evidentemente ya se dictarían las órdenes de captura correspondientes”, matizó.
Los abogados Joseph Campos y Luis Vivanco, defensores de Boluarte, desconocen el paradero de su cliente. Vecinos del pasaje Daniel Alomía (San Borja), donde se encuentra la vivienda de Boluarte, aseguraron no haberlo visto en los últimos 10 días, de acuerdo con un despacho de RPP. La República reportó que durante una de las audiencias virtuales del fin de semana, se habría escuchado al imputado coordinar con una tercera persona sobre la necesidad de utilizar un vehículo distinto al habitual.
Días atrás, el magistrado inaplicó la ley sobre crimen organizado recientemente aprobada por el Congreso en el caso contra Boluarte, al alegar que beneficia indebidamente a funcionarios públicos. Asimismo, criticó que la presidenta no rechazara la norma que podría favorecer a su familiar, acusado de liderar una red criminal dedicada a la nominación ilegal de prefectos para fines políticos.
“Es su punto de vista, pero considero que las leyes se dan para que sean cumplidas. Creo que se está abusando del control difuso que establece la constitución en la carta política”, dijo Sahuana al respecto. En otro momento de la entrevista, se refirió a la reciente encuesta de Datum Internacional que señala que la aprobación de la jefa de Estado cayó al 3% a nivel nacional, mientras el rechazo a su gestión aumentó al 94%.
Esta marca es un récord negativo para su Gobierno, ya que su popularidad bordea márgenes de error a casi dos años de haber asumido el poder. “Debemos tener claro en nuestra mirada política que nos regimos por leyes y normas, y la carta política es la norma fundamental. El plazo constitucional de la presidenta y congresistas es de cinco años. De no presentarse una situación extrema vinculada a un acto de corrupción, la presidenta debe terminar su mandato hasta julio de 2026. Obviamente, el gobierno debe mejorar mucho y escuchar a la población”, afirmó el legislador.
Actualmente, la gobernante Dina Boluarte enfrenta una investigación preliminar por presunto encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder de su antiguo partido, Perú Libre. La investigación se centra en el supuesto uso del vehículo presidencial para facilitar la fuga e incluye al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y a otras cuatro personas relacionadas con la seguridad presidencial.