La reciente adquisición de un avión para la Policía Nacional de Colombia enfrenta críticas por sobrecosto - crédito Contraloría General de la República

La reciente adquisición de un avión Embraer ERJ145 para la Policía Nacional generó controversia, debido a presuntas acusaciones de sobrecostos y la participación de la embajada de Estados Unidos en Bogotá en la negociación, según informó El Tiempo.

El general William René Salamanca afirmó que logró reducir el precio del avión en 3 millones de dólares y solicitó detener la compra de otras dos aeronaves.

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La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (Ciac) fue la encargada de negociar la compra del avión, que costó 12,4 millones de dólares. Este monto forma parte de un presupuesto más amplio aprobado durante el gobierno de Iván Duque, que también contempló la adquisición de dos aviones adicionales.

Sin embargo, el general Salamanca pidió que el presupuesto restante se devuelva al Ministerio de Hacienda para ser destinado a programas que beneficien a los miembros de la institución.

El general William René Salamanca asegura haber reducido el costo del avión en 3 millones de dólares - crédito Daniel Piris/EFE

En medio de las críticas, se señaló que el avión fue modificado para parecer a un Embraer Legacy, un modelo ejecutivo de mayor gama, lo que suscitó dudas sobre el precio pagado. Además, en el informe de El Tiempo, se menciona que una de las empresas involucradas en la venta tiene antecedentes de estar relacionada con un narcocargamento.

La participación de la Embajada de Estados Unidos se dio a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés), que brindó asesoría a la Policía en el proceso de compra. Esta intervención ha sido objeto de especulación, ya que se sugiere que fue necesaria para ajustar el precio de la aeronave.

El general Salamanca manifestó su intención de que los fondos no utilizados en la compra de las otras dos aeronaves sean redirigidos a iniciativas que beneficien a los policías, en lugar de continuar con las adquisiciones previstas. Esta decisión se da en un contexto de críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en la compra de equipos para la fuerza pública.