Durante el consejo de ministros que se llevó a cabo en la noche del martes 4 de febrero, y que decidieron transmitir en vivo, en un hecho nunca antes visto en la historia reciente de Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó que se ratificara la condena a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, por hechos de vandalismo en contra de una estación de Transmilenio en 2019, mientras que no hay la misma celeridad para investigar hechos de corrupción.
Se refería a la pena de cinco años de cárcel que la Corte Suprema de Justicia confirmó la semana pasada, al hallar culpable a la influencer por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.
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Los hechos los dio a conocer Barrera Rojas a través de videos que publicó en sus redes sociales y en los que se evidenció que con un martillo rompió el mobiliario del sistema de transporte masivo en el sur de la ciudad, así como un lector de las tarjetas que permiten el ingreso al mismo.
“Se la llevan presa porque le pegó a un vidrio, que ella restituye, porque es un bien público. Lo hace en medio del estallido social, ¿qué están condenando Ministerio de Justicia? ¿El hecho o es un acto de injusticia? Hay que ponerlo sobre la mesa, porque si no dicen que no hay independencia, pero debo criticar algo», cuestionó.
Insistió en que en el trasfondo del proceso a la influencer se buscaba era criminalizar a las personas que se manifestaron en contra de la administración de entonces, que encabezaba el entonces presidente Iván Duque.
“A Epa la castigan por ser popular y pobre. Por levantarse y expresar su descontento en un momento en que los jóvenes están protestando. O sea, castigan la protesta y a la mujer pobre que se levanta”, afirmó.
Seguido el mandatario criticó que la Justicia en Colombia no haya tenido la misma celeridad para investigar el presunto desfalco al Órgano Colegiado de Administración y Decisión Paz (Ocad Paz), donde se habría desviado un billonario rubro que estaba dirigido a financiar los proyectos de los firmantes del acuerdo de paz de 2016.
“Tenemos, posiblemente, 16 billones de pesos robados, algo que es fácilmente investigable, solo hay que ir al sitio. ¿En qué fecha se hizo el contrato, que alcalde lo puso? ¿Por que no está en la obra? Ya, para la cárcel», criticó.
Para Petro en ese caso hay una voluntad de mantener oculto el supuesto entramado con el que apropiaron de recursos para la paz, durante el Gobierno antecesor de Duque.
“No van a prisión, porque si los encarcelan, el mecanismo se descubre y llega hasta la Fiscalía y el Poder Judicial. Se encubre el delito, no porque hay mucho trabajo, sino porque hay una predeterminación, a pesar de la denuncia. Yo lo viví yo muchas veces”, sostuvo.
Este fue solo uno de los controversiales sucesos que ocurrieron en el Consejo de Ministros, donde uno de los que más provocó reacciones fue el rechazo, casi que unánime por parte del gabinete, contra la designaciones de Laura Sarabia como Canciller, y de Armando Benedetti como jefe de despacho de la Presidencia de la República.
Una de las reacciones más enconadas fue la de la vicepresidenta, Francia Márquez, que aseguró que parte de la crisis de gobernabilidad de la actual administración ha sido consecuencia de la gestión del exembajador.
“No comparto, presidente, su decisión. La respeto porque usted es el jefe de Estado, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno, a estas personas, que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando”, reprochó.