Trescientos mil beneficiarios de pensiones por discapacidad terminarán de recibir esta semana las primeras citaciones para la auditoría que lleva adelante el Gobierno sobre la totalidad del padrón de más de un millón de asistencias por invalidez laboral otorgadas que gestiona la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La revisión arrancó la semana pasada con el envío de esas notificaciones a beneficiarios de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.

“La primera etapa de este proceso de auditoría comprende el envío de cartas documento en las que se cita a los usuarios a presentarse a un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten la documentación requerida y se realicen las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión”, comunicó el Ministerio de Salud de la Nación, del que depende la agencia.

Será personal de la Andis el que “analizará la documentación de cada usuario y, finalmente, emitirá los dictámenes y resoluciones determinando quiénes cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio”, continuaron desde Salud tras una reunión, ayer, en esa cartera. Participaron Diego Spagnuolo, director ejecutivo de la Andis, y Carlos Zamparolo, subdirector ejecutivo de PAMI, con Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa del ministerio.

“Desde PAMI pusimos a total disposición nuestra red federal de prestadores médicos para realizar las entrevistas y llevar a cabo el seguimiento de cada caso”, dijo Zamparolo.

La semana pasada, en conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial anunció que la Andis estaba trabajando en este relevamiento con la obra social de los jubilados y pensionados a través de un convenio celebrado con Salud. LA NACION publicó en noviembre pasado que la auditoría –entonces, en preparación– alcanzaría también a los servicios de salud, educación y transporte, dado que contaban ya con casos concretos en los que instituciones no operaban adecuadamente. Preveían que eso sucediera “en un alto porcentaje” de prestadores contratados.

En ese momento, también explicaron a este medio que la elección del PAMI para auditar más de un millón de pensiones no contributivas por invalidez laboral otorgadas se debía a su alcance territorial y capacidad operativa para relevar a más de mil prestadores.

“Las auditorías que iniciamos ahora van en el mismo sentido que las realizadas durante 2024: detectar casos de otorgamientos irregulares, con el fin de terminar con el malgasto de los recursos del Estado y que el beneficio llegue realmente a quienes lo necesitan”, señaló Spagnuolo a LA NACION.

Ante la consulta, precisó la diferencia entre esas y esta nueva auditoría. “El año pasado estuvimos trabajando solo en algunos puntos específicos del país. Ahora, gracias a un convenio con PAMI, vamos a poder llegar a todo el territorio nacional y auditar un total de 1.030.537 pensiones no contributivas por invalidez laboral. Cabe destacar que las que ya auditamos en 2024 están excluidas de este nuevo proceso”, señaló el funcionario.

En una primera etapa, según se había podido conocer, enviarían alrededor de 400.000 cartas documento para revisar caso por caso. Este miércoles confirmaron que ya se habían emitido 300.000 de esas citaciones para beneficiarios de seis provincias.

“Es obligatorio presentarse a la citación”, aclararon desde la Andis y el Ministerio de Salud. “La inasistencia puede llevar a la suspensión de la pensión no contributiva por incapacidad laboral. Si no se puede asistir, se podrá justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación”, detallaron.

Para eso, habilitaron dos vías: una es por correo electrónico a inasistenciapnc@andis.gob.ar y, la otra, por Whatsapp al número +54 11 3910-1010 del chatbot oficial TINA. “Hay que incluir la documentación que justifique la ausencia y copia del DNI”, indicaron.

Criterios establecidos

En el Ministerio de Salud insisten en que, con este relevamiento, apuntan a “darle mayor transparencia al sistema para que las pensiones sean otorgadas únicamente a quienes cumplan con los criterios establecidos en la normativa vigente y efectivamente las necesiten”.

Refieren, también, que será “un proceso escalonado y progresivo” para hacer “una evaluación minuciosa y asegurar la toma de decisiones fundamentadas y transparentes”.

En los casos que no cumplan con los requisitos exigidos para recibir la pensión, se emitirá un dictamen y la posterior baja del beneficio. “Los casos irregulares que encontramos hasta ahora fueron analizados por nuestros profesionales y se procedió a la suspensión correspondiente de los beneficios y de la misma manera que sucederá en esta auditoría”, dijo Spagnuolo ante la consulta de LA NACION.

Los requisitos para recibir una pensión no contributiva a través de la Andis son:

• Tener incapacidad total y permanente (disminución del 66% o más en la capacidad laboral por la invalidez diagnosticada)
• No percibir jubilación, pensión, retiro o prestación contributiva o no contributiva.
• No trabajar en relación de dependencia, ni estar registrado como autónomo o monotributista del régimen general (se puede ser titular del monotributo social).
• No tener ingresos ni recursos suficientes para la subsistencia (si son menores, se tiene en cuenta el ingreso de madres, padres o tutores) ni tener un familiar o cónyuge con obligación legal de proporcionar alimento o sustento económico.
• Ser argentino nativo o naturalizado y residir en el país (los extranjeros deben acreditar 10 años de residencia continua; si son menores, los padres o los tutores deben haber residido como mínimo tres años sin interrupción).
• No estar detenido o a disposición de la Justicia.

Recientemente, se actualizó la documentación a presentar de la evaluación médica, lo que debe incluir un certificado con el diagnóstico y el grado de incapacidad firmado por un profesional de un centro de salud oficial o la Andis, el resumen de la historia clínica actualizado con los tratamientos realizados y estudios complementarios que respalden el diagnóstico y la incapacidad indicada.