Con el objetivo de garantizar y priorizar la salud de la población y la sostenibilidad ambiental, un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, presentaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una propuesta para lograrlo.
Se trata de 11 ideas sobre una política alimentaria y de salud integral, transversal, interinstitucional y transexenal para enfrentar la epidemia de obesidad; la malnutrición en todas sus formas, la inseguridad alimentaria que impacta a las familias más pobres; la crisis ambiental; y la cultura alimentaria en la sociedad.
Cabe destacar que el trabajo conjunto entre gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía será clave para lograr un sistema alimentario saludable, sostenible y justo.
La propuesta
Pese a los esfuerzos gubernamentales por incluir el nuevo etiquetado frontal de advertencia; la publicación de los nuevos lineamientos que prohíben la chatarra en escuelas; y la prohibición del maíz transgénico, “es crucial seguir trabajando para enfrentar los retos que afectan a la salud y bienestar de la población, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, así como de las comunidades rurales”, refiere la Alianza.
Por ello se procedió a sugerir lo siguiente:
- Impulsar la implementación urgente de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, con su respectivo marco regulatorio.
- Garantizar la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en adhesión a las directrices del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
- Asegurar entornos escolares saludables para niñas, niños y adolescentes que permitan el acceso a una alimentación adecuada y sostenible y al agua de buena calidad.
- Atender de forma prioritaria la falta de acceso al agua de buena calidad y saneamiento, especialmente en zonas rurales y periurbanas, y abordar la crisis en el modelo de gestión del agua, provocada por el acaparamiento, contaminación y sobrexplotación hídrica.
- Garantizar el derecho a la información de los consumidores por medio de un etiquetado obligatorio, claro y sencillo de productos y alimentos.
- Proteger a las niñas, niños y adolescentes del mal uso de sus datos personales y de la publicidad que promueve el consumo de productos dañinos a la salud humana y planetaria, en todos los medios de comunicación exteriores, digitales, internet y redes sociales.
- Fortalecer la fijación de impuestos especiales de comestibles ultraprocesados, bebidas azucaradas y productos que dañan la salud, de acuerdo con las recomendaciones internacionales y la evidencia local.
- Avanzar en la aplicación y supervisión del decreto presidencial que prohíbe el glifosato y la siembra y consumo humano de maíz genéticamente modificado -transgénico-, para garantizar la protección de la salud humana, el medio ambiente y el patrimonio biocultural.
- Proteger la seguridad y soberanía alimentarias mediante la exclusión del maíz, el frijol y otros alimentos básicos del TMEC durante la revisión del tratado.
- Fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria para garantizar la atención primaria en salud, la alimentación saludable y sustentable, el acceso al agua de buena calidad y saneamiento digno y un medio ambiente sano.
- Establecer un mecanismo de monitoreo y denuncia de la interferencia corporativa de diferentes industrias en las políticas públicas.
A partir de lo anterior, es crucial que el nuevo gobierno enfrente estos retos de forma urgente para proteger los derechos fundamentales de la población, proteger el sector agroalimentario de manera equitativa y sostenible y garantizar un futuro sostenible para las generaciones actuales y venideras.
