El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. (Francisco J. Olmo/Europa Press)

El choque entre el Tribunal Supremo y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya tiene un nuevo capítulo. El responsable del Ministerio Público, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que rechace la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la Ley de Amnistía.

En su informe, García Ortiz alega que los magistrados del alto tribunal hacen un “juicio político” del contenido de la norma y su auto tiene defectos de forma, por lo que propone que se inadmita o, en su defecto, se desestime de forma íntegra. El fiscal general explica que la argumentación del Supremo encajaría más en un recurso de inconstitucionalidad dado que los argumentos atacan la decisión política de tramitar la ley.

El informe fue remitido por la Fiscalía al Tribunal Constitucional el pasado martes, un día antes de que el Tribunal Supremo abriera una investigación penal al fiscal general del Estado por la filtración de los correos electrónicos de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Fue el caso de dos condenados por desórdenes públicos agravados el que llevó a la Sala Segunda del alto tribunal a plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía al entender que su aplicación podría ser “contraria a la Constitución” y atentar contra la seguridad jurídica.

Ahora, el informe que firma García Ortiz expone que la cuestión planteada por el alto tribunal es inadmisible por defectos formales pero reconoce que si el TC entra en el fondo “contribuirá de forma netamente positiva a reducir la innegable conflictividad política, social y también jurídica que acompaña a la ley cuestionada”.

Entre esos defectos, a su entender, está que los magistrados no aportan ningún argumento “jurídicamente evaluable” ni “los preceptos constitucionales supuestamente vulnerados”, y afirma que, no obstante, produce “mayor reparo” que el Supremo se refiera al artículo 1 de la norma aprobada cuando “en realidad, de la extensa argumentación del propio auto, se desprende que tal duda -de inconstitucionalidad. no se centra en el concreto contenido y alcance de dicho precepto legal, sino que abiertamente se extiende a la inconstitucionalidad de la citada ley orgánica en sí misma y en su totalidad”.

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