El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una serie de redadas en Virginia, como parte de los operativos de seguridad implementados por el gobierno de Donald Trump en su estrategia contra la inmigración irregular.
Nuevas redadas en Virginia con la presencia de la secretaria de Seguridad Nacional
Las operaciones se realizaron el martes 4 de marzo de 2025, según informó la periodista Rachel Scott de ABC News, quien acompañó a los agentes del ICE en dos intervenciones.
En la primera, los oficiales detuvieron a un individuo identificado como miembro de la pandilla 18th Street Gang. En la segunda acción, fue arrestado un hombre previamente condenado por agresión sexual, quien había sido deportado en dos ocasiones y que reingresó a EE.UU. de manera irregular.
En la misma residencia donde se produjo este segundo arresto, se encontraban dos menores y un familiar del detenido, quien también es indocumentado. Los agentes le indicaron que deberá presentarse ante las autoridades migratorias en un plazo de 48 horas, según explicó el medio estadounidense.
Declaraciones de Kristi Noem sobre las redadas en Virginia
Consultada sobre la situación de los menores, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que la prioridad es garantizar su bienestar y que el familiar tendrá dos días para ubicar a una persona de confianza que pueda hacerse cargo de ellos. “Hay consecuencias”, aseguró tras reafirmar la postura del gobierno de Trump sobre la aplicación estricta de las leyes migratorias.
A través de su cuenta en la red social X, Noem celebró los resultados de los operativos y destacó que la seguridad en Virginia ha mejorado gracias a la colaboración entre diferentes agencias de aplicación de la ley, que incluyeron el Buró Federal (FBI, por sus siglas en inglés), la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
“El norte de Virginia es más seguro tras la exitosa operación de ayer, en la que sacamos de nuestras calles a criminales extranjeros y miembros de pandillas”, publicó recientemente.
Trump refuerza su compromiso con la seguridad fronteriza
El presidente Donald Trump reafirmó su compromiso con la seguridad fronteriza y la lucha contra la inmigración ilegal durante su discurso ante el Congreso. En su intervención, destacó la implementación de medidas de “acción rápida e implacable” para frenar el flujo migratorio y garantizar el cumplimiento de las leyes.
El mandatario recordó que declaró una emergencia nacional en la frontera sur, lo que permitió el despliegue de fuerzas militares para apoyar a la Patrulla Fronteriza y frenar lo que describió como una “invasión” de inmigrantes. “El mes pasado, los cruces fronterizos ilegales fueron los más bajos registrados hasta la fecha. Se dieron cuenta de que nuestras políticas son firmes y decidieron no venir”, afirmó el mandatario.
Trump también criticó las políticas migratorias de la administración anterior y aseguró que en los últimos cuatro años más de 21 millones de personas ingresaron al país de manera irregular, lo que incluye, según él, “criminales, traficantes de personas y miembros de pandillas”.
En su discurso, el presidente agradeció la labor del zar de la frontera, Tom Homan, y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quienes reconoció como líderes en la lucha contra la inmigración ilegal. Además, elogió el trabajo de la Patrulla Fronteriza y del ICE por su papel en la aplicación de las nuevas medidas.
Impacto de las nuevas políticas migratorias
Desde que Trump retomó la presidencia, su administración ha intensificado los operativos para identificar y deportar a inmigrantes en situación irregular. Con una estrategia enfocada en la seguridad nacional y el estricto cumplimiento de las leyes migratorias, se han ampliado las acciones del ICE y otras agencias federales en diversas partes de EE.UU.
Las redadas recientes en Virginia son parte de una campaña más amplia para abordar la presencia de personas indocumentadas, en particular aquellos con antecedentes penales o presuntos vínculos con organizaciones delictivas. Sin embargo, estas medidas también generaron preocupación entre defensores de los derechos humanos y organizaciones proinmigrantes, quienes advierten sobre los efectos de la separación familiar y el impacto en comunidades vulnerables.