En la tarde del lunes 27 de enero de 2025, se conoció que el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá falló en contra del Grupo Portuario S.A., negando la acción de tutela que había interpuesto para intentar revertir la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en la que odernó la suspensión de las operaciones del muelle 13 en Buenaventura debido a serias irregularidades ambientales.
Es menester acotar que, el Grupo Portuario recurrió a la acción de tutela como mecanismo para cuestionar la suspensión, alegando que esta medida causaría un perjuicio irremediable.
Sin embargo, el tribunal determinó que la acción de tutela no era el recurso adecuado para este tipo de disputas, según lo establecido por la Corte Constitucional en sentencias previas.
En su resolución, el juez resaltó que, en principio, las controversias sobre actos administrativos deben ser resueltas a través de la jurisdicción contencioso-administrativa y no por medio de la tutela, salvo en situaciones excepcionales de daño irreversible.
Por otro lado, el fallo enfatizó que no se había demostrado la existencia de un perjuicio irremediable que justificara el uso de la tutela, y se citó jurisprudencia de la Corte Constitucional, reforzó la idea de que los actos administrativos deben ser impugnados en su propio marco judicial.
Además, se subrayó que las acciones judiciales de carácter administrativo no pueden ser objeto de tutela si han caducado al momento de interponerse.
Con esta decisión, el Juzgado mantuvo la suspensión del muelle 13 en Buenaventura y remitió el caso a la Corte Constitucional para su revisión final, por lo que la medida está relacionada con preocupaciones ambientales que buscan garantizar el cumplimiento de las normas y proteger los recursos naturales en la región.
El Grupo Portuario aún tiene la opción de apelar la decisión dentro del marco legal establecido.
En desarrollo…