El Ministerio de Salud asegura que, pese al paro de transportistas, los hospitales y centros de salud en Lima y Callao continuarán operando sin interrupciones. (Composición: Infobae)

A solo horas del anunciado paro de transportistas, el panorama en los sectores de salud y transporte público en Lima y Callao genera diversas reacciones. El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado para asegurar que los hospitales e institutos continuarán operando con normalidad, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que los servicios de transporte masivo seguirán activos a partir de las 5 de la mañana del miércoles 23 de octubre.

El Minsa adelantó que, a pesar de las dificultades que podría generar la paralización en el transporte, los hospitales e institutos de Lima Metropolitana mantendrán sus puertas abiertas para recibir a los pacientes programados. De acuerdo con el comunicado emitido por el ministerio, las operaciones y procedimientos previamente agendados también se llevarán a cabo con normalidad.

“El Minsa ha dispuesto que se brinden facilidades en el horario de atención de las citas, así como en la reprogramación de las mismas en caso no pudiera asistir el paciente”, informaron.

Además, las campañas de vacunación seguirán activas, con énfasis en el barrido nacional contra el sarampión, tanto en centros de salud como a través del método puerta a puerta, instando a los padres a autorizar la vacunación de sus hijos menores.

”De la misma manera, el barrido nacional de vacunación contra el sarampión continuará tanto en los establecimientos y casa por casa, por lo que instamos a los padres de familia a autorizar la inmunización de sus menores hijos.”, finaliza el comunicado.

Transporte público masivo operará con normalidad

- crédito Andina

En cuanto al transporte, la ATU reafirmó el funcionamiento normal de los servicios de transporte masivo. David Hernández, presidente de la entidad, comunicó que el Metropolitano, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima, y los corredores complementarios comenzarán sus operaciones a partir de las 5 de la mañana. El experto destacó el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para garantizar tanto la seguridad como el normal funcionamiento de estos sistemas.

La ATU también aseguró que en las primeras horas del día habrá un aumento en la cantidad de buses disponibles, con el fin de minimizar los posibles inconvenientes que podrían derivarse de la demanda incrementada debido al paro.

El paro de transportistas y sus repercusiones

Se confirma paro nacional para este 23 de octubre. (Foto: Andina)

El paro convocado para este miércoles 23 de octubre fue anunciado por un sector de transportistas en respuesta a lo que consideran una falta de acción por parte de las autoridades ante el incremento de la criminalidad en el país. Diversos gremios de transporte, incluyendo comerciantes de Gamarra, se sumarán a la medida como una forma de presión para que el Ejecutivo y Legislativo tomen medidas concretas frente a la creciente violencia y extorsión.

No obstante, el sector de transporte interprovincial de pasajeros y de carga anunció que no participará en la paralización. Este sector ha señalado que, durante una medida de fuerza anterior, se registraron pérdidas económicas significativas, estimadas en S/ 230 millones por día.

La postura del Ministerio del Interior

Publicación del Mininterio del Interior.

El Ministerio del Interior (Mininter), a través de una publicación en redes sociales, informó que algunos gremios de transportistas formales no acatarán el paro. Según el Mininter, se realizó una reunión con dirigentes de transporte formal, quienes acordaron trabajar de manera conjunta con la PNP para buscar soluciones a la extorsión, principal reclamo de los transportistas.

Sin embargo, representantes de gremios que sí convocan al paro señalaron que la información del Mininter no es precisa, alegando que las negociaciones solo se realizaron con aquellos gremios que no planeaban paralizarse esta semana. Este sector sostiene que la verdadera demanda está relacionada con la modificación o derogación de leyes que consideran insuficientes para combatir la criminalidad organizada.