El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en representación del Ejecutivo y tras culminar el Consejo de Seguridad, anunció el miércoles 22 de enero de 2025 una dura respuesta militar e institucional a la crisis humanitaria y de seguridad que afecta a la región del Catatumbo: considerada uno de los focos de conflicto más críticos del país, tras los enfrentamientos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc.
De acuerdo con Cristo, con la declaratoria de conmoción interior, el Gobierno busca implementar medidas tanto sociales como militares para contrarrestar el impacto del accionar del ELN, que le declaró la guerra tanto a los grupos disidentes como a los firmantes de paz. “Ha cometido crímenes de guerra y sigue adelante con su estrategia de controlar rutas de narcotráfico y territorios, lo que está causando sufrimiento a la población civil. No se puede permitir que continúen con estos objetivos”, afirmó el ministro.
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Una de las estrategias que se pondrán en marcha es el fortalecimiento de las capacidades militares en la región, como parte de un operativo integral contra el ELN y amparadas en la medida de carácter excepcional que quedará en firme a partir de las 10:00 p. m. del miércoles 22 de enero y, a la espera de revisión por parte de la Corte Constitucional,
“El Gobierno ha tomado la decisión de pasar a la ofensiva, no solamente en el tema militar de seguridad, sino también en el tema de la transformación del territorio. Y que el Catatumbo sea un ejemplo para Colombia de cómo se puede transformar definitivamente el territorio, que es la única manera de que evitemos que se repitan los ciclos de violencia que afectan a esta zona desde hace décadas», expresó Cristo, que estuvo acompañado del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.
Facultades extraordinarias para el Gobierno, en su lucha contra el ELN y las disidencias
Es oportuno destacar que el Estado de conmoción interior, invocado por el artículo 213 de la Carta Magna, permitirá al presidente de la República tomar decisiones extraordinarias, incluyendo operaciones militares, que no requerirán el trámite legislativo habitual. Cristo es consciente de la amenaza que representan las intenciones del grupo armado de “controlar la frontera con Venezuela”; en un objetivo que, según él, “el Gobierno colombiano no permitirá”.
“El Estado y la sociedad colombiana no lo va a tolerar y el Gobierno ha decidido utilizar todos los instrumentos constitucionales”, reiteró.
La crisis humanitaria que viven los habitantes del Catatumbo, que ya completaron una semana en medio de la incertidumbre, ante el cruce de disparos en sus calles, también obligó al Gobierno a adelantar esfuerzos para atender a los más afectados. A la fecha, el Gobierno ha logrado rescatar a más de 400 personas que estaban bajo amenaza por grupos armados y se activó un plan de ayudas humanitarias para los desplazados, tanto en albergues como en entrega de alimentos, en Cúcuta y Ocaña, que han recibido a los desplazados.
“Se deben mejorar los procesos de identificación y atención a los desplazados, para evitar que personas no afectadas por la crisis se beneficien indebidamente de la ayuda humanitaria”, advirtió el ministro, que también se refirió a los riesgos a los que se enfrentan los líderes comunales y sociales en la región.
Frente a esto, el Gobierno pondrá en marcha un plan de protección específico para este grupo, con el fin de minimizar los ataques que frecuentemente sufren. “Se mejorarán las condiciones de seguridad para los líderes sociales y comunitarios del Catatumbo”, refirió el ministro, que buscará la reincorporación segura de los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, siendo este uno de los compromisos del Estado.
“Lo hemos dicho, una y otra vez, es totalmente inexcusable, inaceptable. Los crímenes cometidos por el Ejército de Liberación Nacional son actos de barbarie. Es una matanza premeditada, organizada, la que ha hecho el Ejército de Liberación Nacional en el Catatumbo”, refirió Cristo.
Del mismo modo, entre las medidas anunciadas por el Ejecutivo está una hoja de ruta que abordará la estabilización de la seguridad, la coordinación interinstitucional y la atención médica para los que han sido desplazados. El Instituto de Salud Departamental se movilizará para proporcionar atención básica y preventiva en los albergues temporales y, en coordinación con la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, se trabajará en la protección de los excombatientes.
Por último, el ministro del Interior hizo un llamado a la unidad y responsabilidad compartida de todas las autoridades competentes.“La solidaridad entre las autoridades locales y la comunidad es fundamental para abordar esta emergencia humanitaria y garantizar el retorno seguro de todos los desplazados”, explicó.