La creación del Ministerio de Igualdad y su permanencia en la estructura estatal siguen despertando inquietudes, especialmente en torno a la gestión de la vicepresidenta Francia Márquez. En este contexto, el Ministerio de la Igualdad se planteó el desafío de consolidarse rápidamente y demostrar avances en las áreas que se le señalaron como pendientes. Sin embargo, enfrenta un plazo corto, de menos de dos legislaturas, para asegurarse un lugar definitivo; para lograrlo, deberá convencer a un Congreso que muestra escepticismo respecto a apoyar un proyecto cuya aprobación podría no representar un beneficio directo en popularidad.
Dentro de la cartera, el viceministerio de las Juventudes experimentó contratiempos que afectan a uno de los programas emblema de la administración de Gustavo Petro: Jóvenes en Paz. En solo una semana, el viceministerio recibió dos reveses que dejaron vacante su liderazgo y disminuyeron su capacidad de operación. Primero, se conoció la renuncia de Gareth Sella Forero, el viceministro con mayor antigüedad, que dejó su cargo tras varias fricciones con Márquez, decisión que se formalizó el viernes 25 de octubre y se hizo pública el lunes 28 de octubre.
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A este hecho se añadió un fallo del Consejo de Estado que limitó los criterios de acceso al programa Jóvenes en Paz, cerrando la puerta a quienes se encontraban en condiciones de “pobreza” o “vulnerabilidad en términos monetarios”, como estaba previsto en el decreto que reglamentaba el programa. Este dictamen surgió en respuesta a una demanda interpuesta por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien argumentó que el decreto 1649 de 2023 había ampliado de manera indebida el grupo de beneficiarios.
El Consejo de Estado dejó claro que el Programa Nacional Jóvenes en Paz, tal como lo establece el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023, debía estar dirigido exclusivamente a jóvenes de entre 14 y 18 años en situación de “extrema pobreza” y no de “pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios,”. Esta precisión, argumentada en la demanda, demostró que al ampliar el grupo de beneficiarios, la administración infringió los lineamientos establecidos en la ley reglamentaria.
La cartera, sin embargo, mostró mayor preocupación ante el fallo de la Corte Constitucional, que invalidó la Ley 2281 de 2023, ley fundamental para la creación del ministerio. La Corte explicó que se identificaron “vicios de procedimiento insubsanables,” específicamente la omisión de un análisis del impacto fiscal de la ley, lo cual fue considerado como un defecto grave. Aunque el Gobierno recibió un plazo que concluye en junio de 2026 para presentar un nuevo proyecto de ley y obtener la aprobación, el tiempo disponible es corto y el panorama legislativo se presenta complicado.
Ante la necesidad de reformular y reintroducir la ley que respalde la existencia del ministerio, la cartera debe planear cómo hará frente al tiempo y la abultada agenda legislativa, que ya incluye otros grandes proyectos gubernamentales, como las reformas a la salud, laboral, judicial y política, además del proyecto de ley sobre la jurisdicción agraria. Estos retos se suman al hecho de que el proyecto de ley original de Minigualdad se tramitó con mensaje de urgencia y bajo el respaldo de una Casa de Nariño con control en el Congreso: en el Senado, con Roy Barreras como presidente, y en la Cámara de Representantes, David Racero, ambos del Pacto Histórico.
Ahora, con Barreras ocupando un cargo como embajador en el Reino Unido y la proximidad de las elecciones, los mismos congresistas que votaron a favor del proyecto en el pasado pueden mostrar reticencias a hacerlo nuevamente en un contexto político distinto.
Así mismo, el Ministerio de Igualdad enfrentó críticas en el Congreso debido a su baja ejecución presupuestal y a la lentitud en la implementación de sus programas. Márquez compareció varias veces ante el Legislativo para defender su gestión, explicando que, al ser una entidad reciente, el imnisterio tuvo que esperar la viabilidad técnica de varios proyectos.
Entre las iniciativas que el ministerio busca adelantar, se encuentran Hambre Cero, para erradicar la desnutrición; Jóvenes en Paz, que promueve oportunidades para la juventud; Agua es Vida, destinado a asegurar el acceso al agua potable; y Casas para la Dignidad de la Mujer, enfocada en proporcionar viviendas seguras. Márquez explicó que estos programas son fundamentales y requieren tiempo para ser aprobados y coordinados a nivel local y nacional. Además, destacó que, superados los primeros filtros de viabilidad, el Ministerio está listo para acelerar su implementación y responder a las expectativas de la ciudadanía.