La Universidad César Vallejo (UCV), propiedad de César Acuña, ha sido sancionada en multiples ocasiones por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) por incumplimientos normativos, sin embargo hoy cuenta con una representante en el Consejo Directivo del ente regulador.
Susana Edita Paredes Díaz, docente de investigación en la UCV y militante de Alianza para el Progreso (APP) desde 2013, ha sido designada por el presidente del Concytec, Sixto Sánchez Calderón, como nueva representante ante el Consejo Directivo de la Sunedu. Su nombramiento no solo genera suspicacias por su filiación política, sino también porque la Sunedu tiene entre sus funciones aprobar, denegar, suspender y cancelar licencias, además de sancionar a universidades que incumplen la normativa.
Con Paredes en la directiva, la imparcialidad del organismo queda bajo escrutinio. La fiscalización a la UCV, que en el pasado ha recibido sanciones, enfrenta ahora el riesgo de ser influenciada por intereses ajenos a la supervisión académica.
Más de una década en la UCV y en las filas de APP
Paredes Díaz es obstetra, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca y magíster en Educación. Sin embargo, su trayectoria profesional está estrechamente ligada a la UCV, donde trabaja desde 2013 como docente de investigación en las carreras de Obstetricia, Nutrición y Medicina en pregrado y posgrado. Durante estos años, ha ocupado diversos cargos directivos dentro de la institución, consolidando una relación cercana con César Acuña, propietario de la universidad y líder de APP.
Su vinculación con Acuña no se limita al ámbito académico. Desde el 4 de diciembre de 2013, Paredes es militante activa de APP, partido fundado por el gobernador de La Libertad. En sus redes sociales, es frecuente ver imágenes suyas junto a Acuña, reflejando una conexión que trasciende lo laboral y adquiere un evidente matiz político.
Comisión de Educación citaría a Adrianzén y Quero por designación
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el parlamentario Esdras Medina mostraron su acuerdo en que el primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro de Educación, Morgan Quero, sean citados a la Comisión de Educación para explicar la designación de Susana Paredes como representante ante el Consejo Directivo de la Sunedu.
Medina, miembro de la comisión, informó al referido medio que solicitará una sesión extraordinaria en la que Quero también deberá explicar el proceso de licenciamiento de universidades e institutos. Por su parte, Salhuana, militante de Alianza para el Progreso (APP), respaldó la iniciativa, argumentando que es necesario que las autoridades den explicaciones sobre el tema.
“Los colegas (congresistas) pueden solicitar (citar al premier y al ministro de Educación) para que expliquen la designación de ella. Desde la Presidencia siempre vamos a estar de acuerdo de que se investigue presuntas irregularidades”, dijo Salhuana.
UCV ha sido sancionada por mal manejo de fondos públicos
La Universidad César Vallejo (UCV) ha sido sancionada en varias ocasiones por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) debido a irregularidades en la gestión de sus recursos. En los últimos años, la universidad ha acumulado al menos tres multas por serios incumplimientos que afectan tanto su funcionamiento como el manejo de fondos públicos.
En agosto de 2023, la Sunedu impuso una multa de más de un millón de soles a la UCV tras descubrir pagos irregulares. Entre estos, se encontraron S/909.897,65 destinados a Richard Frank Acuña Núñez y S/180.506 para la celebración del cumpleaños de César Acuña. Estos gastos fueron considerados inapropiados y fuera de los fines educativos de la institución.
A inicios de 2024, la universidad enfrentó una nueva sanción de S/594.000, luego de que se revelara que cerca de S/7 millones de fondos de la UCV fueron usados para financiar viajes personales de la familia de Acuña entre 2017 y 2018. Este uso de recursos públicos fue claramente desviado de su propósito educativo.
En mayo de 2024, se aplicó otra multa de S/193.251,38 por el pago indebido de regalías a Acuña. Estas situaciones siguen poniendo en tela de juicio la transparencia y la correcta gestión administrativa de la universidad, lo que genera preocupación sobre el destino de los fondos públicos destinados a la educación.