Los senadores latinos demócratas lanzaron ayer una petición de urgencia al presidente, Joe Biden, para que en los últimos días que le quedan al frente del país proteja a los migrantes indocumentados de ser deportados. “En este mes y medio, Biden tiene una oportunidad de dejar su legado como el presidente que mantiene a las familias unidas y protege a la gente que ha hecho de este un gran país”, dijo la senadora por Nevada, Catherine Cortez Masto.

Junto a ella, los senadores demócratas por California, Álex Padilla, y por Nuevo México, Ben Ray Luján, pidieron al presidente que actúe para proteger a los migrantes antes de que llegue al poder Donald Trump y ponga en marcha su deportación masiva de indocumentados, como ha prometido.

“Es muy simple. El presidente tiene la autoridad legal para conceder seguridad a estos migrantes de larga duración y debería usarla”, apuntó Cortez Masto, la primera y única senadora latina en la Cámara Alta.

Los legisladores quieren que Biden proteja de las expulsiones a los beneficiarios del estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), concedido a salvadoreños, ecuatorianos, nicaragüenses y venezolanos, que buscaron asilo en Estados Unidos huyendo de la violencia de sus países. También se refieren a los llamados dreamers, que llegaron al país siendo niños y, gracias al programa DACA, aprobado durante la presidencia de Barack Obama, consiguieron permisos de residencia y de trabajo temporales.

Tanto unos como otros tienen que renovar cada dos o tres años sus permisos y a muchos se les acaba la protección el próximo año. La anunciada política dura de Trump contempla la deportación de todos los que no tengan permiso de residencia, por lo que los senadores urgen a Biden a asegurarles la protección antes del 20 de enero, fecha en la que transferirá el poder al republicano.

Familias de estatus mixto

“Estamos a unos 40 días de que Donald Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca y traiga consigo a extremistas de la inmigración como Stephen Miller y Tom Homan. Si recuerdan, durante el curso de su campaña, una de las cosas que el presidente electo Trump dejó muy muy claro es que harán todo lo posible para revertir las protecciones. Planean deportar a millones de inmigrantes de largo plazo, incluidos familias de estatus mixto”, señaló Padilla.

Homan, elegido por Trump como el “zar de la frontera” lideró la Agencia de Inmigración y Aduanas en el anterior mandato del republicano y fue artífice de la política de “Tolerancia cero”, que implicó la separación de miles de familias. En varias entrevistas concedidas tras el anuncio de su nombramiento, Homan ha confirmado que aplicará mano dura para llevar a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos. Para evitar la separación familiar, ha declarado que deportará a las familias enteras.

Ese mismo mensaje difundió Trump en la entrevista que publicó la cadena NBC el domingo pasado y en la que dijo que no quiere romper familias “así que la única manera de no romperlas es manteniéndolas unidas y enviarlos a todos de regreso”. En la misma entrevista, realizada en el programa Meet the Press, Trump cambió de postura sobre los beneficiarios de DACA, cuyo programa ya intentó sin éxito cancelar en su anterior presidencia, y afirmó que trabajará con los demócratas para lograr un acuerdo sobre ellos.

“Estoy lista para trabajar con él. Pero la última vez que dijo eso y le trajimos una propuesta bipartidista para hacer algo para proteger a los dreamers, acabó con ella”, recordó Cortez Masto en referencia al acuerdo surgido entre demócratas y republicanos antes de las elecciones, pero que no llegó a aprobarse porque Trump se opuso.

Los dreamers, al igual que muchos beneficiarios del TPS, llevan décadas viviendo en el país y han formado familias, muchas veces con ciudadanos estadounidenses. Andrea Flores, vicepresidenta de la organización FWS.us, que también participó en la conferencia de prensa, afirmó que hay 28 millones de latinos cuyas familias tienen algún miembro indocumentado.

“Cientos de miles de beneficiarios legales de DACA y aquellos elegibles para el TPS temen ser obligados a abandonar sus hogares o ser separados de sus hijos o cónyuges ciudadanos estadounidenses”, dijo Padilla. “Esto no es solo inmoral: al quitarles el estatus legal y la autorización de trabajo a estas personas, estaríamos destruyendo sectores críticos de nuestra fuerza laboral. El presidente Biden tiene el poder de prevenir estos daños y lo insto a aprovechar este momento para proteger a los inmigrantes a largo plazo y fortalecer nuestra economía”.

El programa de DACA está interrumpido por un fallo judicial que dio la razón a varios estados republicanos que impusieron una demanda por considerarlo ilegal. Un panel de tres jueces en el Tribunal de Apelaciones del 5.º Circuito, considerada la corte de apelaciones más conservadora del país, debe aún pronunciarse. Los beneficiarios actuales, unos 580.000, pueden seguir renovándolo cada dos años, pero los fallos judiciales de 2021 y 2023 prohibieron que se procesen nuevas solicitudes. Un tribunal de apelaciones debe pronunciarse sobre el caso que, con mucha probabilidad, puede acabar en el Tribunal Supremo, dominado por una mayoría conservadora.

Revés judicial

Los dreamers recibieron esta semana un nuevo revés judicial. El juez federal de Dakota del Norte, Daniel Traynor, que fue nombrado por Trump en su primer mandato, emitió una orden el martes que les prohíbe acceder al programa de salud subvencionado conocido como Obamacare (Affordable Care Act, por sus siglas en inglés). La decisión se aplica a los migrantes de 19 Estados donde los fiscales generales republicanos interpusieron la demanda.

Con ella, se oponen a la medida aprobada por Biden en mayo pasado y que permitiría a 147.000 migrantes inscribirse para obtener cobertura médica. Los republicanos argumentaron que sería un fuerte incentivo para que los migrantes permanezcan en el país ilegalmente y podría crear costos extras para los estados. Kansas y Dakota del Norte son los demandantes principales, a los que se unieron Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Misuri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.

“Estuvo mal desde el principio excluir a cientos de miles de beneficiarios de DACA del acceso a la atención médica a través de la ACA. Este es un fallo vergonzoso e insensible que solo refuerza los viles ataques que los políticos antiinmigrantes han llevado a cabo en lugar de invertir en auténticas soluciones para las comunidades de todo el país”, respondió en un comunicado Home is Here, una coalición nacional para proteger a los dreamers.