Galletas - transgénicos

El etiquetado de alimentos que contienen transgénicos, cuyo ordenamiento lleva 15 años a la espera de ser reglamentado, podría dar un giro inesperado, luego de que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) decidiera proponer una tolerancia de 3% a la industria para omitir cualquier tipo de advertencia por la presencia de estos Organismos vivos modificados (OVM) en sus productos.

La propuesta, presentada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante la Resolución Ministerial N° 010-2025-PCM, fue publicada el 22 de enero de 2025 y estará disponible para comentarios durante un plazo de 90 días. Según el documento oficial, el objetivo es recibir aportes de la ciudadanía, así como de entidades públicas y privadas, antes de su aprobación definitiva.

Sin embargo, el contenido del reglamento ha sido cuestionado por figuras como Jaime Delgado, abogado y excongresista, quien señaló para Infobae Perú que el artículo 4 del proyecto, referido al umbral de 3%, no es acorde al Código de Protección y Defensa del Consumidor (CPDC) de Perú, vigente desde 2010, por lo que podría contravenir la legislación vigente y limitar el derecho de los consumidores a estar plenamente informados.

Transgénicos. El artículo 65 de la Constitución Política del Perú establece que el Estado debe garantizar el derecho de los consumidores a recibir información clara y veraz sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado. El reglamento de Indecopi dispone excepciones. Créditos: difusión

Transgénicos en Perú: entre la defensa al consumidor y la industria alimentaria

El artículo 4 del cuestionado proyecto de reglamento establece que los alimentos envasados con más del 3% de componentes genéticamente modificados deberán incluir en su etiquetado frases como “Alimento Genéticamente Modificado” o “Alimento GM”. Según Delgado, esta disposición es ilegal, ya que el CPDC no contempla excepciones basadas en porcentajes.

“Esa propuesta se tira abajo la ley de etiquetado de transgénicos”, afirmó el abogado, quien además señaló que esta medida responde a presiones de la industria alimentaria, que durante años ha buscado evitar regulaciones estrictas en este ámbito.

En efecto, el artículo 37 del Código, vigente desde 2010, establece de manera clara que “los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas”.

Por su parte, la Asociación Peruana de Consumidores (ASPEC) explicó para Infobae Perú que una disposición complementaria de esta ley otorgaba al Poder Ejecutivo un plazo de 180 días hábiles para emitir un reglamento que detallara las directrices específicas para su aplicación. Sin embargo, este reglamento no se había emitido hasta ahora, lo que ha retrasado la implementación de la normativa durante más de 15 años.

No obstante, la ASPEC también recuerda que tanto Indecopi como el Poder Judicial han emitido resoluciones en el pasado que obligan a etiquetar cualquier producto que contenga transgénicos independientemente de su porcentaje, por lo que la actual propuesta resulta “irregular”.

Transgénicos etiquetados. El proyecto también ha sido cuestionado por su alineación con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que busca evitar regulaciones que puedan restringir innecesariamente el comercio internacional. Créditos: archivo/Jaime Delgado

Más de una década de silencio: una promesa de 2011 convertida en controversia

De acuerdo con el proyecto de reglamento, el umbral del 3% se justifica en la posibilidad de que ocurran mezclas involuntarias durante la cadena de producción de alimentos, como en la cosecha, transporte, envasado y procesamiento de insumos. Según el documento, estas mezclas son “técnicamente inevitables” y podrían afectar a fabricantes que no utilizan insumos genéticamente modificados, penalizándolos con un etiquetado que no corresponde a su intención original.

El texto también señala que la metodología para establecer el umbral fue definida tras un análisis realizado por diversas entidades técnicas, como el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el Ministerio de Salud (MINSA).

Vale mencionar que el actual ministro de Agricultura, Ángel Manero, es un abierto defensor del cultivo de transgénicos en el Perú, práctica que está prohibida (no así su consumo). Delgado cuestiona la validez del análisis de Indecopi, indicando que se basó en una única muestra, lo que, en su opinión, no es suficiente para justificar una medida que afecta directamente el derecho de los consumidores a estar informados.

Para el abogado, la propuesta actual representa un retroceso en los derechos de los consumidores, ya que introduce excepciones que no están contempladas en la ley. “Esto no es más que una concesión a la industria, que durante años ha presionado para evitar regulaciones estrictas”, afirmó.

Indecopi y su problema con los etiquetados. Anteriormente, el organismo regulador ya tuvo una controversia por evitar la sanción a la empresa Bimbo, que no cumplió la normativa peruana sobre octógonos y grasas trans. Créditos: difusión

Un umbral y un reclamo histórico: la lucha por saber qué comemos

El reglamento propuesto por Indecopi ha puesto en evidencia el conflicto entre los derechos de los consumidores y los intereses de la industria alimentaria. Mientras que los defensores del etiquetado obligatorio argumentan que los consumidores tienen derecho a saber si los productos que adquieren contienen transgénicos, los representantes de la industria sostienen que el etiquetado podría generar confusión y afectar la competitividad de los productos peruanos en el mercado internacional.

El proyecto estará disponible para consulta pública durante 90 días, contados a partir del 23 de enero de 2025. Durante este período, los ciudadanos, así como las entidades públicas y privadas, podrán enviar sus comentarios y sugerencias a través de la Mesa de Partes Virtual de Indecopi o de manera presencial en sus oficinas a nivel nacional.

El desenlace de este reglamento marcará un hito en la regulación de los alimentos genéticamente modificados en el Perú, pero también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre los intereses comerciales y el derecho de los ciudadanos a acceder a información clara y transparente sobre los productos que consumen.