El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, descubrió un sistema de corrupción a través del cual mujeres que no estaban en estado de gravidez, tramitaban y cobraban la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Esas irregularidades, detectadas en al menos 203 casos, le había representado al Estado, a través de la ANSES, una defraudación de unos $165 millones.
Los casos estaban distribuidos en distintos puntos del país. Los funcionarios de La Libertad Avanza sostienen que esta metodología “expone una práctica sistemática de presentación de documentación falsa y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente la asignación”.
La denuncia, cuya pesquisa estuvo a cargo de la ANSES, organismo que conduce Mariano de los Heros, recayó en el juzgado federal de Sebastián Ramos y la fiscalía de Ramiro González. En el escrito también se describe que: “Se han detectado Defraudaciones en grado de tentativa en otros numerosos casos, como en la Oficina González Catán II -La Matanza-, en total 111 formularios apócrifos, mientras que en la Regional Bonaerense IV de ANSES, se verificó 283 casos por sistemas, firmados presuntamente por la doctora XX (se reserva e nombre), y que de una auditoría por muestreo realizado conforme matrices de riesgo del organismo, se determinó que en la mayoría de los casos seleccionados, los supuestos beneficiarios solicitantes NO VIVEN en el domicilio consignado en el formulario citado o “no recuerdan” conocer al médico tratante/certificante”.
La pesquisa -según se describe- “tiene en la mira a decenas de médicos por diferentes inconsistencias en sus certificados, que van desde especialidades que no son la obstetricia y aun así certificaron supuestos embarazos, hasta matrículas inválidas o inexistentes, entre otras”.
En la presentación ante los tribunales de Comodoro Py, de 59 fojas, se enumeran casos escandalosos detectados por la Coordinación de Investigaciones, dependiente de la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de la ANSES. Entre ellos destacan:
– En 10 casos firmados por la médica cuyo nombre y apellido comienza con las letras E.V.L. (se reserva su identidad), “se observaron dos sellos con la misma información, pero a simple vista, con diferente tipografía. Asimismo, algunos contienen sello institucional del Hospital Municipal de San Miguel Dr. Raúl Larcade, Consultorios Externos; mientras que otros no lo poseen”. Por último, se verificó que ninguna de las mujeres dieron a luz ni perdieron su embarazo. La documentación era apócrifa.
– En otros cinco casos, cuyos partos también habrían sido atendidos en el mismos hospital, la matricula del médico utilizada para completar el formulario ‘PS 2.67′, requisito indispensable para acceder a la Asignación Universal por Embarazo, “correspondía a otro profesional” y no al del supuesto “médico certificante”.
– Otros cinco formularios fueron firmados -faltaba el sello- por la supuesta tocoginecóloga Patricia Ana Montoya. Pero con ese nombre y apellido, CUIT y DNI, no está registrada ninguna profesional.
– En otros tres casos, la supuesta médica tratante y quien habría certificado el embarazo de las mujeres, no era médica, se desempeñaba como funcionaria en el área de cultura de una municipalidad del conurbano.
– Otra médica habría firmado los certificados para cobrar la Asignación Universal por Embarazo de cuatro mujeres. Cuando la ANSES realizó la investigación -le llamó la atención que las firmas eran diferentes- se descubrió que la facultativa nuca trabajo en el Hospital Municipal “Dr. Héctor J.D Agnillo” de González Catán, “ni en ninguna otra salita de La Matanza”. La médica, que fue contactada por los funcionarios de la ANSES, declaró que “no fue ella quien completó los formularios, que no reconoce su firma y letra, y tampoco le pertenece el número de CUIL ingresado en los formularios observados”.
Los pesquisas de la ANSES también lograron el testimonio de una beneficiaria (se preserva el nombre que figura en el expediente) quien reconoció que “el formulario lo obtuvo mediante una persona de nombre ‘Estela’ por el costo de $1.800 sin agregar mayores datos”.
En el caso de la localidad de Turdera, en Lomas de Zamora, ocurrió algo similar, se falsificó firma y matricula de obstetras y médicos que no tuvieron contacto con las supuestas futuras parturientas ni trabajaban en los hospitales citados en la documentación. Es más, uno de los médicos manifestó que “hace más de diez años que no presta servicio en el Hospital Interzonal General de Agudos ‘Evita’. Asimismo, desconoce la firma y sello”, y que después del contacto con los investigadores de la ANSES, hizo la denuncia policial por usurpación de identidad, título y honores que está en trámite.
En cuatro formularios presentados en la Unidad de Atención Integral (UDAI) con el nombre de un médico, “las rúbricas no coinciden entre sí, siendo además que los sellos utilizados son de diferente tamaño y tipografía”. Tampoco coincide el CUIL. Las beneficiarias tampoco dieron a luz ni perdieron el embarazo. Los certificados también eran falsos.
La Asignación Universal por Embarazo es un beneficio para mujeres en situación de vulnerabilidad que, a partir de la decimosegunda semana del embarazo, pueden acceder a la asistencia del Estado tras la presentación de un certificado y por los siguientes nueve meses y cuyos montos percibidos varían de acuerdo a los meses de gestación.
Para los funcionarios de la ANSES que investigaron la maniobra fraudulenta de la documentación recabada, “surge sin duda un modus operandi cuasi uniforme en cuanto al universo de maniobras, donde las modalidades son reiteradas y consisten básicamente en la presentación de los formularios obligatorios para la acreditación del embarazo -falsos en estos casos- o bien de la interrupción de la gestación, efectuada por mujeres que no han concurrido a una consulta médica que así lo acredite, o bien esos embarazos no existen o no existieron, tal como se requiere para adquirir el derecho a la prestación de Asignación Universal por Embarazo”.
En respuesta a estas maniobras irregulares, que se siguen investigando, desde el ministerio de Sandra Pettovello y ANSES reafirmaron su “compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción” y le dijeron a Infobae que “para evitar la repetición de estas prácticas fraudulentas, se están rediseñando los procedimientos internos, con un enfoque en la digitalización de los certificados médicos y la implementación de nuevas herramientas que optimicen la verificación de los trámites. Estas medidas asegurarán un control más eficiente y seguro de los recursos destinados a la seguridad social”.