El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires anunció que iniciará acciones legales para defender su autonomía frente a lo que considera una intervención inconstitucional por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional que el lunes que viene comenzaría a auditar sus gastos. Esta medida fue adoptada en una reciente sesión del Consejo Superior de la universidad.
En el escrito, que fue difundido por el vocero presidencial Manuel Adorni, las autoridades de la Universidad señalaron que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, garantiza la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, estableciendo que estas instituciones deben estar desvinculadas del Poder Ejecutivo y sujetas únicamente a la potestad regulatoria del Congreso.
En tanto, destacaron que la Corte Suprema ha reafirmado esta autonomía, al estipular que cualquier intervención del Poder Ejecutivo en las actividades académicas y financieras de las universidades es inapropiada. La Ley de Educación Superior también refuerza esta independencia, limitando las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo.
En este contexto, la Universidad de Buenos Aires ha implementado un régimen de control interno a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), creada por la Resolución (CS) N° 8237/13, y ha rechazado cualquier intervención de la SIGEN en sus asuntos internos.
El pasado martes el Gobierno anunció que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, comenzará a auditar la UBA a partir del próximo lunes 28 de octubre. Será el primer lugar donde pondrá la lupa en el marco del conflicto por el financiamiento.
Para al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta disposición “unilateral” representa una violación de su autonomía constitucional. La universidad sostiene que su administración no puede ser subordinada a la órbita del Poder Ejecutivo por normas de jerarquía inferior a la Constitución.
“Que las decisiones expresadas por el Síndico General de la SIGEN, organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, en torno a disponer unilateralmente actividades dentro del ámbito de la Universidad, conllevaría una intervención inconstitucional e ilegal”, argumentaron.
La Ley de Administración Financiera N° 24.156 establece que la competencia de la SIGEN se limita a las jurisdicciones del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados, sin incluir a las universidades nacionales. Por su parte, la Ley de Educación Superior N° 24.521 asigna el control administrativo externo de las universidades estatales a la AGN.
Por lo tanto, el Consejo Superior de la UBA instruyó a la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que inicie las acciones judiciales necesarias en defensa de la autonomía universitaria. Esta decisión subraya la importancia de mantener la independencia de las universidades frente a posibles intervenciones externas que puedan comprometer su funcionamiento.
“La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni a través de las redes sociales.
Las auditorías en las Universidades Nacionales a las que se derivan fondos del Estado fueron anunciadas por el Gobierno después de que la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular es Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la SIGEN a auditar las casas de altos estudios. La medida se comunicó en medio del conflicto universitario, que incluyó toma de edificios y medidas de fuerzas que continúan, luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario.
“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, había dicho, polémico, Milei al presentar el nuevo nombre del ahora Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK).
El rector de la UBA adelantó que acatará “de manera irrestricta la resolución judicial” ya que son las y los jueces, “y no los funcionarios del Poder Ejecutivo ni sus empleados, quienes deben interpretar en última instancia el sentido y alcances de la Constitución, de las Leyes de la Nación y de los derechos y libertades de las y los ciudadanos”.