El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó en septiembre de 2024 la Ley AB 1755, una iniciativa cuyo propósito inicial era facilitar los reclamos de garantía de los compradores de vehículos frente a las compañías automotrices. Sin embargo, distintos fabricantes pequeños señalaron que la propuesta era “inviable”. Por eso, el demócrata solicitó a los miembros de la Asamblea un proyecto superador: la Ley SB 26.
La Ley Limón de California: reformas y preocupaciones
La AB 1755 tiene como objetivo acelerar la resolución de las reclamaciones de normativa conocida como “Ley Limón”, que ha protegido desde 1970 a los compradores de vehículos frente las compañías automotrices, para que arreglen o reemplacen los automóviles defectuosos que aún están bajo garantía.
De acuerdo con PRUnderground, un bufete de abogados especializado en el tema, la firma de la legislación fue “un nuevo golpe a los derechos de los consumidores”. Lo cierto es que el proyecto de ley AB 1755, que entró en vigor en 2025, fue reescrito en su totalidad en una maniobra de último momento.
El propio gobernador mencionó en una carta enviada a los asambleístas que muchos fabricantes de automóviles, incluidos aquellos de vehículos eléctricos más pequeños, expresaron preocupaciones de que algunos de los procedimientos específicos prescritos en la AB 1755 no fueran viables para ellos. Al respecto, el gobernador llamó a los autores a presentar un proyecto para enmendar el estatuto promulgado.
Los detalles del proyecto SB 26, que enmienda a la Ley AB 1755 de California
El proyecto de ley SB 26, redactado por el senador Tom Umberg, demócrata de Santa Ana, tiene como objetivo modificar la AB 1755 de la última sesión, que a su vez es una enmienda a la “Ley Limón”. El proyecto permitirá a los consumidores demandar a los fabricantes de automóviles por vehículos defectuosos.
La Asociación de la Industria de Vehículos Recreativos (RVIA, por sus siglas en inglés), señaló que el proyecto de ley SB 26 está pendiente ante el Comité de Reglas del Senado a la espera de su asignación al comité de políticas correspondiente.
La RVIA explicó que el objetivo de la legislación es doble. En primer lugar, permitirá que los fabricantes —especialmente los más pequeños— puedan continuar bajo las normas de procedimiento anteriores, donde rigen las reclamaciones por incumplimiento de la Ley Limón original.
Por otra parte, para la cuestionada Ley AB 1755, que entró en vigor el pasado 1° de enero, habrá un procedimiento de adhesión voluntaria. Así, aquellos fabricantes que lo deseen, podrán regirse por esa normativa. Eso sí: una vez que un empresario se adhiera a la legislación, deberá cumplir con todas sus disposiciones durante cinco años. Pasado ese período, podrá sumarse nuevamente si así lo desea.
En segundo lugar, la ley incentivará a los consumidores a proporcionar a un posible comprador información sobre un reclamo actual bajo la Ley Limón antes de la venta de un vehículo usado.
En ese sentido, Newsom señaló en la misiva: “La venta de vehículos a compradores que no están al tanto de las demandas pendientes por la Ley Limón sobre el vehículo es un problema más amplio, según la ley actual, que pone a los compradores y al público en general en riesgo por vehículos inseguros en la carretera. Aliento a la Legislatura a considerar soluciones adicionales a ese problema”.
También hizo un llamado a los legisladores para que considere si se necesitan cambios adicionales a la Ley Limón en vista de la transición a los vehículos eléctricos y los avances significativos en la tecnología automotriz.
“La Ley Limón se promulgó en 1970, antes de que los automóviles estuvieran equipados con una sola computadora. Si bien esta cuestión no fue el foco de la AB 1755, aliento a la Legislatura a que considere si se justifican actualizaciones adicionales”, sentenció el gobernador.
Sin protecciones al consumidor: las preocupaciones del proyecto
Los abogados de PRUnderground advierten que la SB 26 “erosiona aún más las protecciones al consumidor al crear un sistema de aceptación confuso”, en el que solo los fabricantes —y no los consumidores— pueden elegir qué marco legal se aplica a los reclamos.
“Si bien los fabricantes que producen los vehículos más defectuosos probablemente optarán por las disposiciones restrictivas de la AB 1755 para reducir su responsabilidad, los consumidores no tienen elección en el asunto”, señalaron.
El proyecto también obliga a los conductores que venden vehículos defectuosos a proporcionar un aviso por escrito a los compradores sobre los reclamos pendientes, lo que traslada la carga de la divulgación a los consumidores y “socava los principios de protección al consumidor que históricamente definieron la Ley Limón de California”, destacaron.