El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al ex presidente Alberto Fernández por el escándalo de los seguros y a otros 38 personas, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. También fueron convocados el empresario Héctor Martinez Sosa, su mujer María Cantero, y varios ex funcionarios de directorio de Nación Seguros.
Fernández deberá presentarse el 20 de noviembre. Al día siguiente fueron citados Martínez Sosa y su mujer, la histórica secretaria del ex presidente.
La extensa lista incluye al ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros ex funcionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, y Mauro Tanos.
También fueron citados los dueños de las principales empresas aseguradoras que tuvieron contratos con el Estado entre 2019 y 2023.
La empresa Bachellier encabezó el ranking de las comisiones. El año que más cobró fue en 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a esa firma. Solo el contrato con Gendarmería le significó un ingreso de $1.363 millones, aunque también tuvo las pólizas del Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.
Los chats encontrados en los teléfonos de los imputados revelaron que Martínez Sosa gestionó esa póliza. El broker le contaba a su mujer detalles de las reuniones y hasta se sacaba fotos con Andrés Severino, por entonces director nacional de la fuerza. “Todavía aquí. Ahora con él y el 2do comandante”, le cuenta a su mujer el 8 de julio de 2021.
Severino es uno de los citados. Deberá presentarse el 2 de diciembre.
Al frente de Bachellier figuran Osvaldo Alfredo Tortora y Ricardo Daniel González, pero los investigadores hace tiempo trabajan sobre la hipótesis de que es un satélite de Martínez Sosa. Sin embargo, Tortora fue sumado a la lista de indagatorias.
Detrás de Bachellier aparece la empresa que lleva el nombre de “Hecky” Martínez Sosa, con $366.635.744 en comisiones. Una auditoría de Nación Seguros reveló que tuvo contratos con 19 organismos públicos. En el listado aparecen cuatro ministerios, Vialidad Nacional, Casa de la Moneda, Corredores Viales SA, el Fondo de las Artes, y la Corte Suprema, entre otros. Solo entre esas dos empresas cobraron más de $2000 millones.
“La maniobra habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de “Nación Seguros SA” y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, directa o indirectamente o por actos simulados, habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros, en la designación irregular o informal de productores, organizadores y másters e, incluso, de coaseguradoras privadas, con la consecuente incorporación en las pólizas y liquidación de dividendos en favor de dichos particulares por parte de “Nación Seguros”, dice la resolución del juez Ercolini a la que tuvo acceso Infobae.
Detrás de Martínez Sosa aparecían otros “satélites” que también fueron citados a declarar: Manuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, y Fernando Carlos Salim.
La causa comenzó a fines de febrero, tras un artículo publicado por el editor general adjunto del diario Clarín, Ricardo Roa. En marzo, el juez Ercolini realizó decenas de allanamientos en los domicilios de los principales imputados y en decenas de organismos. En esos operativos, se secuestraron decenas de celulares y se analizó su contenido. De esa manera se encontraron los mensajes y las fotos que le había mandado Fabiola Yañez a Cantero en 2023.
Entre los citados a indagatoria también aparece ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, quien intercedió ante Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados con la ANSES.
Luego de los primeros allanamientos ordenados por el juez, Nación Seguros echó al entonces gerente general Mauro Tanos, al gerente de compras Marcos Eufemio, y al gerente del área comercial, Matías Caselli. Semanas después, también fue apartado D’Angelo Campos de la ANSES.
Además fue citado a indagatoria el empresario Alfredo Del Corro, uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, que recibió decenas de transferencias sospechosas de algunos brokers investigados, tal como reveló Infobae.
Esa cooperativa apareció en escena al comienzo del escándalo. Fue un hallazgo totalmente casual: la Policía siguió un auto luego de un allanamiento en la empresa San Ignacio y terminó descubriendo dos camionetas 4×4 registradas a nombre de esa firma. Esa pista expuso una red de contactos entre ex funcionarios de Nación Seguros y empresas aseguradoras.
Al menos dos aseguradoras investigadas por el juez Julián Ercolini figuran en las transferencias ingresadas a las cuentas de 7 de Mayo. El dinero entraba a cambio de un supuesto servicio. En este caso, se hablaba de eventos gastronómicos. Para no despertar sospechas, la cooperativa emitía facturas por esos montos. Pero no había ningún catering.
La cooperativa 7 de mayo era la dueña de una franquicia de “La Birreria”, que funcionaba en Honduras al 5500, y había tramitado un subsidio con el INAES de $15 millones. El dinero ingresó a la cuenta el 24 de octubre de 2022. Una semana después, se esfumó a través de 16 cheques, según consta en un documento oficial al que tuvo acceso Infobae. “La Cooperativa no dio respuesta a la información acerca de a qué persona, humana o jurídica, se ha extendido cada uno de esos cheques”, admitió el INAES en mayo de este año. Un mes después, tuvo que suspenderla ante la magnitud del escándalo.