El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que el titular del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean enviadas a juicio oral y público por extorsionar a beneficiarios del plan Plan Potenciar Trabajo y por defraudar al estado nacional en el manejo de esos fondos públicos.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que Pollicita presentó un dictamen de 279 páginas en el que consideró cerrada una parte de la investigación y le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que el expediente pase a la etapa de juicio oral y público.
“La investigación ha revelado una compleja matriz delictiva que durante años se aprovechó de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, sostuvo el fiscal en su dictamen en el que calificó a Belliboni como “jefe” de esa organización.
“Esta organización implementó un esquema de extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado ´gerenciamiento´— a miles de personas a lo largo y ancho del país, lo que les garantizaba el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social, para lo cual corrompieron las facultades que le habían sido asignadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo», agregó Pollicita.
La acusación señala que a febrero de 2024 el Polo Obrero tenía el manejo de 65 mil planes sociales a quienes les sustraían una parte del dinero público de los planes. El dictamen señaló que esa maniobra “les permitió obtener importantes sumas de dinero, siendo que la recaudación esperada solamente para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos”.