La extradición de Diego Marín Buitrago, conocido bajo el alias de Papá Pitufo, señalado como uno de los principales capos del contrabando en Colombia, enfrenta una compleja batalla jurídica que ha puesto en jaque a las autoridades colombianas.
Según datos conocidos recientemente por la revista Cambio, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y la Fiscalía por traer de vuelta a Marín, el proceso para traer al capo del contrabando desde Portugal, donde fue recapturado en diciembre de 2024, se encuentra estancado debido a una serie de obstáculos legales y administrativos.
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El caso ha generado controversia en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá, donde se libra una disputa que enfrenta los derechos del procesado contra el interés de la justicia colombiana de que Marín responda por los cargos que se le imputan.
La situación se ha complicado aún más por las constantes dilaciones en las audiencias de imputación de cargos, que han sido frustradas en cinco ocasiones desde diciembre de 2024.
Diego Marín fue recapturado en Portugal el 3 de diciembre de 2024, tras haber huido de España, donde inicialmente había sido detenido en abril del mismo año.
La captura en Portugal fue celebrada por el Gobierno colombiano, que esperaba que su extradición fuera cuestión de días. Sin embargo, más de un mes después, la Fiscalía no ha logrado imputarle cargos ni solicitar una medida de aseguramiento en su contra, lo que podría comprometer el proceso de extradición.
Según la información revelada por el medio nacional, la defensa de Marín ha utilizado esta falta de imputación como argumento para evitar su traslado a Colombia.
Según se reveló, la Fiscalía intentó que las audiencias de imputación se realizaran en contumacia, es decir, sin la presencia del procesado, pero estas han sido sistemáticamente aplazadas. Las fechas programadas para las diligencias –13, 18 y 27 de diciembre de 2024, así como el 2 y 8 de enero de 2025– no se llevaron a cabo debido a diversos factores, entre ellos, la falta de conexión del detenido desde Portugal y las recusaciones presentadas por su defensa.
Las audiencias han enfrentado múltiples obstáculos. El 13 de diciembre, el abogado de Marín en ese momento, David Leonardo Pardo, solicitó un aplazamiento, lo que fue aceptado por el juez.
Posteriormente, el 18 de diciembre, aunque Marín estuvo presente por primera vez, las autoridades portuguesas informaron que el procesado no tenía interés en comparecer, lo que llevó a su abogado a recusar al juez.
El 27 de diciembre, la audiencia tampoco se realizó porque las autoridades portuguesas no conectaron a Marín. Para el 2 de enero, la diligencia fue nuevamente suspendida debido a que las autoridades lusas indicaron que no regresarían a sus funciones hasta después del puente de Reyes. Finalmente, el 8 de enero, el abogado Pardo renunció, y un nuevo defensor, Édgar Villamil, se presentó, pero no pudo acreditar su representación porque Marín no fue conectado.
La juez del caso reprochó lo que calificó como una “burla a la justicia”, señalando que las dilaciones han sido causadas tanto por la defensa de Marín como por la renuencia de las autoridades portuguesas a garantizar su conexión a las audiencias. Según la juez, Portugal argumentó que no se habían cumplido los requisitos legales para notificar con la antelación necesaria, proponiendo nuevas fechas tentativas para el 20, 21 y 22 de enero.
Uno de los puntos más controvertidos del caso es si la imputación de cargos y la medida de aseguramiento son requisitos indispensables para solicitar la extradición de Marín. Según Cambio, la Fiscalía sostiene que no es necesario, ya que la orden de captura internacional vigente es suficiente para proceder con la solicitud. Sin embargo, la defensa de Marín ha argumentado que la falta de resolución de su situación jurídica podría ser motivo para que Portugal rechace la extradición.
El equipo legal de Marín, liderado por el exviceministro de Justicia Camilo Andrés Rojas y el exfiscal general Mario Iguarán, ha presentado derechos de petición a la Cancillería, la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, solicitando claridad sobre los fundamentos legales de la solicitud de extradición. Entre las preguntas planteadas, destacan si se ha iniciado formalmente el trámite, qué instrumentos internacionales se están utilizando y si existe una resolución que defina la situación jurídica de Marín.
En declaraciones recogidas por la revista, el abogado Camilo Rojas negó que Marín se haya negado a comparecer ante la justicia colombiana. Según Rojas, su cliente solicitó el aplazamiento de la audiencia del 18 de diciembre porque no había podido comunicarse con su abogado, y hasta la fecha sigue sin tener contacto con su nuevo defensor, Édgar Villamil.
El abogado también señaló que las dilaciones no son responsabilidad de Marín, sino de una serie de errores procedimentales cometidos por la Fiscalía. Además, afirmó que el equipo de defensa se enteró recientemente, a través de una abogada en Portugal, de que el Estado colombiano ya inició el trámite de extradición, pero que no han sido notificados formalmente.