Un nuevo expresidente del Perú se sentará en el banquillo de los acusados. Pedro Castillo será juzgado a más de dos años del 7 de diciembre de 2022, día en el que intentó perpetrar un golpe de Estado. El Poder Judicial ha confirmado que el juicio contra el exrepresentante de Perú Libre iniciará este martes 4 de marzo a las 9:00 a.m.
El Ministerio Público asegura que el exmandatario habría cometido tres delitos cuando intentó quebrar el orden democrático: rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. Castillo podría pasar 34 años de cárcel si el juez a cargo de su caso respeta la recomendación presentada por la Fiscalía. Es decir, el expresidente saldría en libertad en el 2056.
Más de dos años tomó la investigación contra el expresidente. Durante dicho periodo de tiempo, el equipo de fiscales ha reunido 65 pruebas documentales y las declaraciones de más de 69 testigos del golpe. Al sustento del Ministerio Público también se han sumado pericias forenses y grafotécnicas.
Inició el juicio contra Pedro Castillo
El expresidente de la República llegó a la sala de audiencias. En el lugar se encuentran la expremier Betssy Chávez y el expremier Aníbal Torres. El proceso inició oficialmente al promediar las 9:30 a.m.
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Audiencia del juicio a Pedro Castillo iniciará en breve. En la sala de audiencias del Penal Barbadillo se encuentra el expremier Aníbal Torre, quien también está siendo investigado por el mismo delito
Junto a Pedro Castillo también serán juzgados otros importantes funcionarios de su gobierno:
- Betssy Chávez: La expresidenta del Consejo de Ministros cumple prisión preventiva y la Fiscalía ha solicitado 25 años de cárcel en su contra.
- Aníbal Torres: El exministro de Justicia, expresidente del Consejo de Ministros y exjefe del gabinete de asesores de Castillo podría cumplir 25 años de cárcel. En la actualidad se encuentra libre.
- Willy Huerta: El exministro del Interior cumple comparecencia sin restricciones y, de ser hallado culpable, saldría de la cárcel en el 2050.
Presuntos delitos cometidos
En la legislación peruana, estos delitos están contemplados en el Código Penal y están relacionados con actos que atentan contra el orden público, la estabilidad del Estado y los derechos de los ciudadanos.
1. Delito de Rebelión
- Se encuentra tipificado en el Artículo 346 del Código Penal del Perú.
- Ocurre cuando un grupo de personas se alza en armas con la intención de cambiar el orden constitucional, derrocar al gobierno o impedir el ejercicio de sus funciones.
- La pena puede variar de 10 a 20 años de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y la participación de los involucrados.
2. Delito de Abuso de Autoridad
- Tipificado en el Artículo 376 del Código Penal.
- Se comete cuando un funcionario público se excede en el ejercicio de sus funciones o actúa de manera arbitraria en perjuicio de una persona o institución.
- Algunos ejemplos incluyen:
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- Dictar resoluciones o medidas injustas.
- Uso indebido de la fuerza por parte de policías o militares.
- Imponer sanciones sin justificación legal.
- La pena puede ser de hasta 4 años de prisión, inhabilitación del cargo y sanciones administrativas.
3. Delito de Perturbación a la Tranquilidad Pública
- Se encuentra en el Artículo 315 del Código Penal.
- Se comete cuando una persona realiza actos que alteran el orden público, como incitar a la violencia, generar disturbios o difundir información falsa que cause pánico en la población.
- Este delito puede estar relacionado con manifestaciones violentas, bloqueos de carreteras o la difusión de noticias falsas con el propósito de sembrar caos.
- La pena varía entre 3 y 6 años de prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción.
¿Qué sucedió el 7 de diciembre de 2022?
La tarde del 7 de diciembre de 2022, el Congreso de la República tenía agendado votar la tercera moción de vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo, pero la agenda se vio interrumpida por un mensaje a la nación emitido al promediar las 11:00 a.m.
El mandatario se dirigió al país, cuestionó el accionar de la representación nacional y anunció el inicio de un gobierno de excepción. Para ello se dispuso el cierre del Parlamento, la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, así como la convocatoria de elecciones para una Asamblea Constituyente.
El anuncio calificado como antidemocrático no fue acatado por las Fuerzas Armadas. Pedro Castillo intentó huir a México, pero en el camino a la embajada de dicho país fue intervenido por las fuerzas del orden. Al promediar las 3:30 p.m., la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el máximo cargo político del país.