Se siguen escribiendo nuevos capítulos del escándalo que se desató en 2015 con el FIFAgate. En los últimos días se supo que el ex presidente de la FIFA, Joseph Blatter, enfrentará un nuevo juicio desde el 6 de marzo próximo, que se centrará en las presuntas irregularidades financieras que involucran un pago de la FIFA al ex futbolista francés Michel Platini hace más de una década. El caso, que ha estado bajo investigación durante casi diez años, vuelve a los tribunales tras la apelación del veredicto emitido en 2022, en el cual ambos fueron absueltos.
Blatter, de 88 años, quedó en el centro de la escena y en julio de 2022, un tribunal federal desestimó las acusaciones por fraude, falsificación, malversación de fondos y mala gestión relacionadas con un pago de dos millones de francos suizos (equivalentes a 2.21 millones de dólares) que la FIFA realizó a Platini en 2011.
Los jueces encargados del caso declararon a Blatter y Platini inocentes, casi siete años después de que las investigaciones los apartaran de sus posiciones como presidente de la FIFA y dirigente de la UEFA, respectivamente. Sin embargo, la oficina del fiscal general suizo apeló el fallo en octubre de 2022, lo que derivó en un nuevo juicio, que se llevará a cabo en Muttenz, cerca de Basilea.
Según las acusaciones, Blatter autorizó en 2011 el controvertido pago a Platini, quien en ese momento era vicepresidente de la FIFA y presidente de la UEFA. Según explican las versiones, dicho pago respondía a un acuerdo verbal por servicios de asesoría que Platini había prestado a Blatter entre 1998 y 2002, período en el que este último inició su mandato al frente de la FIFA. Incluso, los fiscales de la causa argumentaron que este pago “dañó los activos de la FIFA y enriqueció ilegalmente a Platini”.
Platini, que había apoyado la candidatura de Blatter a la presidencia de la FIFA en 1998, aseguró que había un “acuerdo de caballeros” para recibir el saldo restante de su remuneración, que consistía en un millón de francos suizos anuales. No obstante, este pago no fue registrado formalmente en los libros de cuentas de la FIFA. Según los fiscales federales, Platini comenzó a solicitar este monto pendiente a principios de 2010. En enero de 2011, el francés envió una factura a la FIFA por dos millones de francos suizos, que se pagaron pocas semanas después, el 1 de febrero, justo tras la polémica votación para adjudicar las sedes de los Mundiales de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar, respectivamente.
El escándalo que rodea a este caso tuvo un impacto en las carreras de Blatter y Platini. Ambos fueron destituidos de sus cargos en 2015 en medio de una ola de investigaciones internacionales sobre corrupción en el fútbol, lo que también interrumpió la campaña de Platini para suceder a Blatter como presidente de la FIFA. Tras las suspensiones impuestas por el Comité de Ética independiente, Platini perdió su liderazgo en la UEFA y quedó afuera de la contienda presidencial, cargo que más tarde ocuparía Gianni Infantino.
Las consecuencias de este caso también incluyeron una serie de apelaciones legales. Blatter y Platini enfrentaron fallos adversos en los tribunales deportivos y civiles, además del Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana. Finalmente, ambos lograron una victoria en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona en 2022, aunque el nuevo juicio ahora se llevará a cabo en un tribunal cantonal en Muttenz. La ubicación del juicio cambió después de que Platini obtuvo un fallo favorable en 2022, en el que se recusó a los jueces que revisaron el caso en Bellinzona.
Según la agencia AP, los fiscales suizos solicitaron penas de 20 meses de prisión, con sentencias suspendidas por un período de dos años en caso de que Blatter y Platini sean encontrados culpables. El proceso está programado para extenderse hasta el 9 de marzo, con días adicionales de reserva programados para el 11 y el 12 de marzo, lo que le permitirá a Blatter celebrar su cumpleaños 89 el 10 de marzo sin estar en el tribunal.
El tribunal encargado del caso emitirá el veredicto el 25 de marzo próximo. La FIFA, además, continuó su demanda civil para recuperar el dinero vinculado al pago, además de 229 mil francos suizos (aproximadamente 253 mil dólares) en cargos sociales, junto con intereses.