La senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, ha generado controversia al expresar su desacuerdo con el mandatario en redes sociales.
La discusión se centra en la reforma al Sistema General de Participaciones, una iniciativa que busca modificar la distribución de recursos de la nación hacia los municipios.
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El presidente Petro anunció en sus redes sociales su apoyo a esta reforma constitucional, destacando que se trata de una medida para mejorar la asignación de fondos a nivel local.
Sin embargo, la senadora Zuleta respondió a través de su cuenta en X, manifestando su oposición a la propuesta. Según la congresista, el proyecto es un error significativo, ya que, desde su perspectiva, la descentralización ha incentivado el uso de la violencia por parte de grupos ilegales desde los años 80, al permitirles un mayor control local.
Zuleta argumentó que quienes apoyan la reforma ignoran la debilidad del Estado en el monopolio de la fuerza y la administración de justicia.
Para ella, el proyecto no solo es una cuestión fiscal y de competencias, sino que también afecta la prioridad de proteger la vida en Colombia. En su opinión, la reforma olvida las múltiples violencias que aún persisten en los territorios y cómo una descentralización mal planteada podría fomentarlas.
Según Semana, dentro del Pacto Histórico, la postura de Zuleta ha causado malestar. Algunos miembros de la coalición consideran que su desacuerdo con el presidente Petro debió haberse discutido internamente o en reuniones de bancada, en lugar de hacerlo público en redes sociales.
Gustavo Petro y su postura ante la SGP
Gustavo Petro, por su parte, anunció su respaldo a un proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) que se discute en el Congreso, con el objetivo de aumentar gradualmente el porcentaje de ingresos corrientes de la nación que se destinarán a los municipios, del 26% al 46%.
En su publicación, el presidente destacó varias condiciones para este cambio, enfatizando la importancia de una distribución equitativa de recursos.
Entre las condiciones mencionadas por Petro, se incluye que el aumento del porcentaje debe ser gradual y estar sujeto a una ley de competencias que defina las responsabilidades de los municipios, garantizando que el déficit fiscal no se vea afectado.
Asimismo, el mandatario subrayó que la fórmula de reparto en la ley debe cerrar las brechas entre regiones, priorizando a las más excluidas para avanzar hacia la paz.
Petro también especificó que el aumento de competencias en el sector salud debe abarcar todo el sistema de salud primaria, mientras que en educación debe contemplar la educación preescolar, la jornada única y la educación superior gratuita en colegios de media.
Con respecto al poder municipal que la reforma otorgaría, el presidente resaltó la necesidad de una ciudadanía más unida y organizada, afirmando que “el dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”.
El SGP es vital para financiar servicios públicos esenciales como la educación, la salud y el saneamiento básico. Los recursos que se distribuyen a través de este sistema provienen de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) y se asignan en función de criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas y los niveles de pobreza de cada región.
Actualmente, las transferencias a los departamentos, distritos y municipios representan el 25,7% del presupuesto presentado por el gobierno para 2025.
La sostenibilidad fiscal del proyecto ha generado críticas y advertencias. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advirtió que un aumento en las transferencias del SGP podría llevar a un deterioro fiscal significativo en Colombia.
Según Mejía, este incremento implicaría $60 billones adicionales anuales, superando el presupuesto de inversión para 2025, que es de $44 billones, lo que podría elevar el déficit fiscal al 6,4% del PIB en 2036.
A partir de 2027, se prevé un aumento gradual en el SGP, un proceso que se extenderá durante 12 años. Esta reforma busca modificar la distribución de recursos entre el gobierno central y las regiones, un tema que ha sido objeto de debate en el país.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha expresado su apoyo a esta iniciativa, destacando la necesidad de equilibrar las finanzas territoriales y asegurar que las funciones transferidas a las regiones vengan acompañadas de los recursos necesarios.