El próximo 2 de abril comenzará en España la campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2024, un proceso que se prolongará hasta el 30 de junio y que afectará a millones de contribuyentes, incluidos los jubilados que perciben pensiones contributivas. Estas prestaciones, al ser consideradas rendimientos del trabajo, están sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), lo que implica que los pensionistas deben cumplir con sus obligaciones fiscales al igual que los trabajadores en activo.
Incremento de las pensiones y su impacto en la tributación
Uno de los factores que va a modificar la tributación de los jubilados en 2025 es la aplicación del decreto ómnibus, que ha sido aprobado este martes en el Congreso de los Diputados y que contempla una subida del 2,8 % en las pensiones contributivas, basada en la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Así, su implementación tendrá un impacto directo en la carga fiscal de los pensionistas, ya que un incremento en sus ingresos podría situar a algunos en tramos superiores de IRPF.
Según datos fiscales recogidos por Invertia, en España hay 10,3 millones de pensiones contributivas, que benefician a 9,3 millones de personas. La pensión media contributiva se situó en diciembre en 1.449,9 euros mensuales, lo que representa un ingreso anual de aproximadamente 20.300 euros. Al aplicarse el incremento del 2,8 % esta cifra aumenta a 1.490,5 euros al mes, es decir, casi 600 euros adicionales al año.
Cómo afecta el IRPF a las pensionistas contributivas
El IRPF es un impuesto progresivo, lo que significa que la carga tributaria aumenta a medida que lo hacen los ingresos del contribuyente. En el caso de las pensiones, las retenciones varían según los tramos establecidos:
- Hasta 12.450 euros anuales: 19 % total (9,5 % estatal y 9,5 % autonómico).
- De 12.451 a 20.200 euros: 24 % total (12 % estatal y 12 % autonómico).
- De 20.201 a 35.200 euros: 30 % total (15 % estatal y 15 % autonómico).
- De 35.201 a 60.000 euros: 37 % total (18,5 % estatal y 18,5 % autonómico).
- De 60.001 a 300.000 euros: 45 % total (22,5 % estatal y 22,5 % autonómico).
- Más de 300.001 euros: 47 % total (24,5 % estatal y 22,5 % autonómico).
Además, el IRPF en España se divide en dos partes: la estatal y la autonómica. Cada comunidad autónoma tiene la capacidad de ajustar sus propios tipos impositivos dentro de ciertos límites, lo que puede generar diferencias significativas en la tributación de los jubilados según su lugar de residencia.
Y, en algunos casos, el aumento de la pensión puede provocar que un jubilado pase a un tramo superior y, en consecuencia, deba tributar a un tipo más alto.
Exenciones y casos especiales
No todas las pensiones contributivas están sujetas al IRPF. Existen excepciones relevantes, como las pensiones de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez, que están exentas de tributación. Asimismo, las pensiones de orfandad o viudedad pueden contar con beneficios fiscales en función de los ingresos del beneficiario.
Ante el inicio de la campaña de la Renta, es fundamental que los jubilados revisen sus ingresos y las retenciones aplicadas para evitar sorpresas fiscales. Los expertos recomiendan que los pensionistas consulten con asesores fiscales para optimizar su tributación y conocer posibles deducciones aplicables.
Además, es importante revisar el borrador de la declaración antes de presentarla, porque los errores en la información pueden derivar en pagos adicionales o sanciones por parte de la Agencia Tributaria.