Según la última encuesta de Datum, Dina Boluarte cuenta con el 94 % de desaprobación, convirtiéndola en la presidenta más impopular a nivel mundial. Pese a que los ministros se han esforzado por minimizar las cifras, asegurando que no se gobierna para las encuestas y que la realidad es otra cuando la población los recibe sus actividades, parece que al fin decidieron reconocer la gravedad de la situación.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, admitió que el Ejecutivo no está “haciendo clic con la población” y que existe una dificultad para comunicar de forma clara las políticas en las que se viene trabajando.
“Me parece que no estamos haciendo clic con la población, no podemos transmitir adecuadamente los mensajes, con expertos de comunicación política lo he conversado, esto tiene que ver como un deterioro generalizado de la clase política”, dijo durante una rueda de prensa con corresponsales internacionales.
Para Adrianzén, el problema radica en la falta de confianza de la ciudadanía hacia toda la clase política en general. “Hay una carga que genera que el desgaste de la clase política arrastre a todos”, indicó. Además, considero que esto se debe a la alta rotación de presidentes que tuvo en país en los últimos años, antes de la llegada de Dina Boluarte a Palacio de Gobierno.
“No hay buena noticia que, en boca de un político, hoy día sea creíble, sea aceptable”, sostuvo sin mencionar las denuncias que enfrenta la presidenta, no solo por las violaciones a los derechos humanos y las muertes ocurridas al inicio de su gobierno, sino también por casos de corrupción, como el caso Rolex.
A esto se suma que la mandataria se ha negado a responder de manera transparente y de dar explicaciones a los peruanos. Desde que se destapó el caso Rolex, sus declaraciones a la prensa han sido escasas y durante las pocas conferencias que realiza, evade las preguntas y responde de manera prepotente a los periodistas.
Dina Boluarte está “consternada” por situación de su hermano
El juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de Dina Boluarte, por el caso ‘Waykis en la Sombra’. La Fiscalía lo acusa de ser parte de una organización criminal que usaba a prefectos y subprefectos para la inscripción del partido político ‘Ciudadanos por el Perú’.
La audiencia inició en agosto y tras casi tres meses de deliberación, el Poder Judicial ordenó que Nicanor y otros investigados, pasen a prisión preventiva. Sin embargo, el hermano de la mandataria decidió pasar a la clandestinidad.
Sobre esta situación que afecta directamente a la presidenta, Adrianzén consideró que se trata de una estrategia para desestabilizarla y lograr su vacancia.
“Tengo que denunciar una vez más la judicialización de la política. (…) Hay una afiebrada idea de que existe una organización criminal, y a partir de eso, pretender promover una presunta incapacidad moral de la señora presidenta de la República que podría conducir a su vacancia”, señaló.
En esa línea, expresó su solidaridad con la presidenta y afirmó que ella continúa cumpliendo con sus responsabilidades a pesar de la situación.
El premier enfatizó que Boluarte Zegarra no tiene ninguna relación con las acusaciones contra su hermano y calificó la situación como un intento de desestabilizar el gobierno de manera inconstitucional. Además, criticó la judicialización de la política en el país y sugirió que las acusaciones contra Nicanor Boluarte son parte de una estrategia para afectar a aquellos que se han visto perjudicados por las decisiones del gobierno.
“Esta decisión se ha prolongado por más de cuatro meses, se ha tenido que leer una resolución por más de tres días y finalmente se tome una decisión de esta naturaleza”, comentó.