La creciente crisis de inseguridad ciudadana en el país ha generado cuestionamientos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. El director de Mypes Unidas, Daniel Hermoza, solicitó su salida del cargo, argumentando que la población ha perdido confianza en su gestión y en la capacidad del Gobierno para enfrentar el problema.
Falta de confianza y denuncias contra la PNP
Durante una entrevista, Hermoza indicó que la falta de acción del Ejecutivo ha dejado a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Según señaló, muchos comerciantes se ven obligados a invertir en su propia seguridad debido a la ausencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.
“Se ha desgastado demasiado el ministro (Juan José Santiváñez), ya no genera confianza. Más allá de que sea capaz o incapaz, esa es una evaluación que será posterior a que se vaya. Ya no genera confianza que necesita la población. (…) Se ha vuelto un burócrata de escritorio”, declaró para Radio Exitosa.
El representante de Mypes Unidas también denunció que algunos comerciantes han informado sobre presuntos cobros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para abastecer de combustible a las unidades de patrullaje. Según testimonios recogidos, se estaría solicitando hasta 40 soles a propietarios de bodegas y negocios locales.
Hermoza sostuvo que este problema se debe a deficiencias en la logística y administración de recursos dentro de la institución. Como solución, propuso descentralizar el presupuesto asignado a la PNP para mejorar la eficiencia en la lucha contra la criminalidad.
Impacto en los pequeños negocios
El gremio de Mypes también alertó sobre el impacto económico de la inseguridad en los pequeños comerciantes. De acuerdo con Hermoza, muchos de ellos destinan parte de sus ingresos mensuales a la compra de cámaras de seguridad y reforzamiento de sus locales con rejas y otros mecanismos de protección.
“Las bodegas tienen márgenes de utilidad de no más de 1000 soles al mes. Invertir 700 u 800 soles en rejas o cámaras de videovigilancia significa que un mes de los 12 meses que ellos trabajan arduamente se tiene que invertir en la seguridad ciudadana. El Estado, por su puesto, de costadito, no está viendo la grave afectación”, señaló al mencionado medio.
En este contexto, el representante gremial destacó que, a diferencia de la PNP, el serenazgo sí tiene presencia en las calles. Sin embargo, advirtió que su labor no resulta disuasiva frente a la delincuencia, dado que no cuentan con las mismas facultades y recursos que la Policía Nacional.
Mientras tanto, los cuestionamientos al ministro del Interior continúan en medio de un clima de creciente preocupación por la seguridad ciudadana en el país.
“Boluarte confía en Juan José Santiváñez”
El premier Gustavo Adrianzén se refirió a la situación de los ministros Juan José Santiváñez, titular del Ministerio del Interior, y Eduardo Arana, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes se encuentran involucrados en investigaciones fiscales pero permanecen en sus actuales posiciones dentro del gabinete ministerial. Según Adrianzén, la decisión de mantenerlos en el cargo se sustenta en la confianza otorgada por la presidenta Dina Boluarte, aunque indicó que ambos estarán sometidos a un proceso de evaluación constante mientras se desarrolla su gestión.
Adrianzén expresó optimismo respecto al actuar de los ministros, señalando su disposición para colaborar con la justicia y enfrentar las acusaciones de manera responsable. Según sus declaraciones: “Ellos gozan de la confianza de la señora presidenta Dina Boluarte. Como todos, estarán en permanente evaluación y nosotros confiamos en que las investigaciones que se están llevando a cabo sabrán enfrentar y colaborar”.
Además, el premier enfatizó que los recientes cambios ministeriales responden a la estrategia del gobierno por “refrescar el gabinete” con el propósito de fortalecerlo y adaptarlo a los desafíos actuales del país.