La Agencia Nacional de Tierras (ANT) dio a conocer el sábado 1° de febrero el plan que tiene como principal objetivo proteger las tierras de las comunidades desplazadas y permitir su regreso seguro al Catatumbo (Norte de Santander), zona de frontera con Venezuela, donde el ELN se disputa a sangre y fuego con el Frente 33 de la extintas Farc la ruta del narcotráfico a través del hermano país.
La confrontación entre los dos grupos armados organizados ha dejado un trágico saldo de entre 60 y 80 muertos, según estimaciones del propio Gobierno Nacional, y, además, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), unas 75.500 personas han resultado afectadas por los combates donde 51.900 fueron víctimas de desplazamiento y 26.300 están en confinamiento forzado.
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Por la complicada situación de orden público en esa zona del nororiente de Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, decretó la conmoción interior para lograr superar la crisis humanitaria, con el que se llevará a cabo el denominado ‘Plan Catatumbo’.
Dicha hoja de ruta tiene cinco componentes: formalización de tierras, apoyo en transformación de cultivos de uso ilícito, reconocimiento de territorios forestales, constitución de Zona de Reserva Campesina (ZRC) -que tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten- y las llamadas ‘Fincas para la paz’, explicaron en la ANT.
La formalización de 30.000 hectáreas será acelerada, según contempla el programa, con el objetivo de intervenir en el ordenamiento social de la propiedad, abordando aspectos relacionados con la titularidad, tenencias y ocupación de tierras, señaló la ANT.
La entidad también informó que apoyará la transformación de economías ilícitas mediante la formalización de 1.500 hectáreas con presencia de cultivos de coca, a través de acuerdos para la sustitución de dichas plantaciones. “Esta región tiene alto grado de informalidad. Garantizar seguridad jurídica es mitigar los efectos de la violencia y transformar la vocación productiva del territorio”, afirmó Felipe Harman, director de la ANT, citado en un comunicado oficial.
Un componente del plan incluye la constitución de una zona de reserva campesina, en la que ya se había avanzado junto a organizaciones sociales. Serán 59.000 hectáreas que beneficiarán a 61 caseríos de los municipios de Hacarí, Abrego, Bucarasica y La Playa de Belén.
Otro punto aborda el aprovechamiento y la conservación de áreas ecológicas, asignando 5.000 hectáreas en las que campesinos actuarán como guardianes de áreas de reserva forestales.
Finalmente, mediante el programa “Fincas para la Paz”, se adquirirán 3.500 hectáreas a través de ofertas voluntarias. Estas tierras serán entregadas a asociaciones campesinas y organizaciones sociales para implementar sistemas productivos y crear albergues humanitarios.
Encontraron sus viviendas minadas y tuvieron que desplazarse nuevamente
Aunque no han cesado las confrontaciones en el Catatumbo, algunos de los habitantes de las zonas rurales que huyeron de la violencia entre los dos grupos armados organizados decidieron retornar de manera voluntaria a sus territorios, sin embargo, tuvieron que volver a huir ya que sus viviendas las encontraron minadas con artefactos explosivos, al parecer, dentro de una estrategia del ELN para despojarlos de sus propiedades, recogieron en la revista Semana.
“Se están metiendo a saquearlas porque, según ellos, están haciendo posesión de las fincas que le pertenecían a la Farc”, contó un líder comunitario en ese medio de comunicación.
Otro de ellos afirmó que si no comparten la ideología del grupo armado organizado son sometidos a restricciones como la prohibición de usar teléfonos durante un año y de esta manera evaluar si son aptos para quedarse nuevamente en sus tierras.