La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una de las peores crisis de seguridad de los últimos años. Los enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc han dejado hasta el momento un saldo devastador: al menos 80 personas asesinadas, más de 10.000 desplazados, 20 secuestrados y comunidades enteras confinadas. La situación, que comenzó con el asesinato de un funerario local y su familia, escaló hasta convertirse en un conflicto de proporciones alarmantes, con graves consecuencias para la población civil.
De acuerdo con la información proporcionada por la Gobernación de Norte de Santander, el conflicto se desató tras el homicidio de Miguel Ángel López, el único funerario del municipio de Tibú, y su familia. Según un reporte militar, López habría recibido amenazas del ELN por haber recogido los cuerpos de presuntos disidentes de las Farc, lo que habría motivado su asesinato. Este hecho, según la Defensoría del Pueblo, no fue un incidente aislado, sino un catalizador que exacerbó las tensiones preexistentes entre los dos grupos armados ilegales.
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Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo de confrontaciones
En noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana en la que advertía sobre el riesgo inminente de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo. Según reveló W Radio, el documento de 28 páginas detallaba cómo la expansión del Frente 33 de las disidencias hacia municipios de Santander y el sur del Cesar estaba generando una elevada tensión en la zona. La alerta identificó con precisión los municipios más vulnerables, como Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, Ábrego y La Playa de Belén, en Norte de Santander, así como Río de Oro y González, en el Cesar.
El informe de la Defensoría advertía que la presencia fortalecida de las disidencias de las Farc y su eventual confrontación con el ELN podrían desencadenar una crisis humanitaria de gran magnitud. Además, señalaba que la región no había logrado superar las secuelas de conflictos armados previos, como la confrontación entre el ELN y el EPL, lo que agravaba aún más la situación. Sin embargo, las medidas preventivas solicitadas en la alerta no fueron implementadas, lo que permitió que el conflicto escalara hasta el punto actual.
El Gobierno niega haber recibido alertas específicas sobre ataques a civiles
A pesar de la existencia de la alerta temprana, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que el documento no advertía sobre acciones específicas contra la población civil. En declaraciones a La W, Velásquez afirmó que las alertas de la Defensoría mencionaban movimientos del ELN y de la estructura 33, pero que estos estaban dirigidos principalmente a infraestructuras militares o petroleras, no a ataques directos contra comunidades. “Esto de las acciones contra la población no estaba precisamente en el registro”, señaló el ministro.
Velásquez también descartó, por el momento, el uso de bombardeos en la zona debido a la alta concentración de población civil en las áreas afectadas. Según explicó, los grupos armados ilegales se encuentran dispersos en pequeños grupos que se movilizan en motocicletas entre veredas, lo que dificulta las operaciones militares sin poner en riesgo a los civiles. Además, indicó que en algunos casos los combatientes del ELN se encuentran resguardados junto a mujeres y niños, lo que complica aún más cualquier intervención armada.
El ministro de Defensa aseguró que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están trabajando para garantizar la seguridad de las comunidades afectadas y facilitar su retorno a los territorios. De acuerdo con Velásquez, la presencia militar en la región ha logrado reducir la intensidad de los enfrentamientos en los últimos días, aunque la situación sigue siendo crítica. “Existen desplazados e inclusive para evitar afectaciones a la población civil, hemos dispuesto todas las medidas en favor de ellos, porque estaban en grave riesgo de vida”, afirmó.
Asimismo, el funcionario destacó que se están introduciendo nuevos componentes militares y estrategias para enfrentar la crisis, aunque subrayó la necesidad de evitar acciones que puedan poner en peligro a los civiles. “Lo que necesitamos en este momento es dar una respuesta clara para la población”, concluyó.