La situación de detenidos en alcaidías y comisarías porteñas estuvo en la agenda pública durante 2024 en más de una oportunidad por las reiteradas fugas de presos y debido a la sobrepoblación en esas dependencias. A través de un pedido de acceso a la información pública realizado a la Dirección Autónoma de Alcaidías (DAA), LA NACION Data accedió al detalle de cómo evolucionó el número de personas arrestadas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires entre enero y octubre de 2024, período en el que también se registró un incremento del 33% en la tasa de detenciones diarias respecto de años anteriores, con un promedio de 60 arrestos por día, mientras que en 2023 había sido de 45.

El número de alcaidías policiales en la ciudad ha aumentado en consonancia con la cantidad de detenidos. En 2022, había 19 alcaidías autorizadas para recibir presos y 31 comisarías utilizadas para ese fin. En 2024, la cifra escaló: en tres años se construyeron 21 alcaidías, por lo que el total ascendió a 40. No obstante, el número de comisarías que retienen detenidos disminuyó en comparación con 2022, de 31 a 26.

En este contexto, el cuello de botella se produce por el incremento de los arrestos y las demoras en los traslados a las dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de los presos acusados de delitos federales. La prolongación del tiempo pasado en detención y la lentitud de la Justicia derivan en la sobrepoblación que, a su vez, facilita la fuga de delincuentes. Un total de 16.765 personas pasaron por alcaidías porteñas en los primeros 10 meses de 2024, de acuerdo a la DAA.

El año cerró con 2066 presos en estas dependencias, según informó la Procuración Penitenciaria de la Nación. Respecto a la situación procesal, la mayoría se encontraban cumpliendo prisión preventiva, un total de 1316, es decir, el 63,7%. Además, 383 personas transitaban su condena tanto en alcaidías como en comisarías vecinales (el 18,5%) y 367 permanecían a la espera de una resolución judicial (el 17,8%).

Para visualizar el panorama que provocó la negativa del Servicio Penitenciario Federal durante el gobierno de Alberto Fernández de recibir delincuentes, alcanza la comparación entre los presos en comisarías y alcaidías, que pasó de 948 al 31 de diciembre de 2022 a 2066 al 31 de diciembre de 2024.

​​Entre los motivos más frecuentes de detención se destacan robo, hurto, lesiones, resistencia a la autoridad y delitos vinculados a estupefacientes. Un nivel de análisis más profundo precisa que 5464 personas fueron arrestadas por robo y 2166 por hurto, es decir, apoderarse de un objeto sin que intermedie la violencia. En tanto, hubo 969 apresados por delitos relacionados con drogas, lo que representa un significativo aumento en relación a 2023.

El tiempo de permanencia bajo custodia policial refleja la magnitud del problema: a fines de 2024, en alcaidías porteñas, el promedio se ubicaba en 159 días de alojamiento y en comisarias vecinales, en 57 días.

“La sobrepoblación en las comisarías y alcaidías porteñas comenzó con la decisión del gobierno nacional, en 2020, de limitar el ingreso de personas detenidas por delitos en la ciudad de Buenos Aires a cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Hasta ese momento, la Justicia ordenaba que una persona detenida fuera a prisión e iba a una dependencia del SPF. A partir de la pandemia, el SPF decidió que había que esperar 15 días para certificar que la persona detenida no tuviese Covid-19. Tras la pandemia, la restricción continúo con otras excusas. El SPF limita discrecional y arbitrariamente la población que puede ingresar en las cárceles”, plantea Leandro Halperín, abogado y especialista en temas penitenciarios.

De los 16.765 detenidos que pasaron en algún momento por alcaidías porteñas en los primeros 10 meses de 2024, el 84,4% eran argentinos (14.144 ) y el 15,6%, extranjeros (2621). De un primer relevamiento se desprende que se registró un 1% menos de arrestos a ciudadanos de otros países en comparación con 2023, de acuerdo a los datos aportados por la DAA.

En relación al rango etario, la población detenida fue predominantemente joven: la edad promedio fue de 33 años y las personas de hasta 30 años representaron el 45% de los apresados. Según las estadísticas de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre las detenciones realizadas por la Policía de la Ciudad y otras fuerzas de seguridad en el ámbito porteño, actualizadas al 31 de diciembre de 2024, el 96,3% de los apresados eran varones, el 3,4% eran mujeres y el 0,2%, trans.

Vecinos aterrados

Cecilia Diz vive en Barracas, donde el año pasado se construyó la alcaidía modular 4-D bis. En diálogo con LA NACION, asegura que su presencia perturba la armonía del barrio. “Estos módulos traen al entorno familiar y amistoso de los reclusos, que empieza a merodear y determinar cuáles son los lugares y horarios adecuados para delinquir”, lamenta.

La alcaidía 4-D bis se encuentra a 100 metros de la comisaría 4, en la calle General Hornos. Para encontrar su entrada, hay que bordear un largo muro. Al final de un pasillo, una reja con barrotes blancos deja entrever el interior de la prisión modular. Cuando se abre, se pueden identificar unos vehículos frente a dos edificios. En las afueras de la cárcel, delante de una pequeña puerta al lado de la verja, hombres y mujeres esperan en fila el permiso de un agente para ingresar. Rodeado de murallas de concreto, el lugar de detención adquiere aires de fortaleza; sin embargo, en noviembre de 2024, 11 reclusos consiguieron escapar, sembrando paranoia en el vecindario.

“Los detenidos hicieron un agujero de 30 centímetros en el muro de una celda. No creo que se haya podido hacer en un día. Seguramente los policías hicieron la vista gorda en este asunto, pero está siempre la falta de personal, lo que hace las cosas complicadas”, sospecha Lautaro Gómez, un vecino de Liniers que trabaja cerca de la comisaría 9, donde se escaparon 17 detenidos en diciembre.

Desde el gobierno de la ciudad, explicaron a LA NACION: “Heredamos una situación inadmisible de la que nos hicimos cargo, tenemos más de 2300 presos federales alojados en comisarías y alcaidías porteñas”. Voceros de la cartera de Seguridad, que dirige Waldo Wolff, precisaron: “Del total de detenidos, más del 95% corresponden a la justicia nacional y le corresponde alojarlos al Servicio Penitenciario Federal y, si bien hoy tenemos un gobierno nacional con mayor predisposición y con el que tenemos buen diálogo, el estado de la transferencia de los presos todavía es el mismo”. Por otro lado, subrayaron la mayor cantidad de arrestos que se produjeron en 2024, que crecieron en más del 30%.

“Esta situación genera que cerca de 3000 policías estén abocados a cuidar presos. Aun así, tuvimos el año con menor cantidad de homicidios en la historia de la ciudad de Buenos Aires, y cerramos el año con los principales índices a la baja. Por otra parte, en relación a los detenidos alojados en la ciudad, dimos respuestas concretas: reiniciamos las obras en la cárcel de Marcos Paz, lo que nos va a dar mayor capacidad para alojar detenidos y, a futuro, poder sacar la cárcel de Devoto. Además, creamos las estructuras modulares y seguimos trabajando con la Nación para un traspaso ordenado del Servicio Penitenciario”, argumentaron autoridades porteñas.

Una cárcel propia para fin de año

“Nos importa mucho más resolver que discutir. Y lo que tenemos que hacer es terminar la cárcel”, explicó Jorge Macri, el 9 de enero. Esas palabras llegaron luego de que el jefe del gobierno porteño supervisara la reanudación de las obras del Nuevo Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz, que permitirá trasladar presos alojados en alcaidías porteñas y en el penal de Devoto. El objetivo es finalizar el proyecto a fin de año.

“La obra se había suspendido por la mala relación que había con el gobierno de Alberto Fernández, que nos complicó la vida porque no se llevaban los detenidos. Ahora vamos a tener mayor capacidad para alojar detenidos y en un tiempo sacar la cárcel de Devoto, un anhelo del barrio y de toda la ciudad”, sostuvo Macri, acompañado por Wolff y los ministros a cargo de Infraestructura y Justicia, Pablo Bereciartua y Gabino Tapia, respectivamente.

“Hoy nuestras comisarías y alcaidías están llenas de detenidos por delitos federales: 9 de cada 10 detenidos no deberían estar ahí, sino cumpliendo sus condenas en cárceles como esta. Las comisarías y alcaidías no son lugares de permanencia. Esto no solo pone en riesgo a los policías y al personal, también afecta la seguridad y el bienestar de los vecinos”, señaló Macri. Una vez terminada la obra, cuando se autorice el traslado de los presos de Devoto a Marcos Paz, la Legislatura porteña definirá el uso que se le dará a los terrenos comprendidos por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, en la comuna 11.

La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas, con una capacidad de alojamiento de 2240 plazas. Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, zonas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral, entre otros espacios.

En noviembre, el gobierno porteño acordó con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, la creación de su propio Servicio Penitenciario, lo que implica que la ciudad se haga responsable del cuidado de los detenidos. Y en diciembre firmaron el acuerdo que transfiere las competencias del SPF al ámbito local para delitos que no son federales. Esto permite que los detenidos que cometieron ilícitos en territorio porteño sean custodiados por personal penitenciario especializado.

Con la colaboración de Bautista Otero

Metodología

Para realizar esta nota se utilizó una base de datos obtenida a través de un pedido de acceso a la información pública a la Dirección Autónoma de Alcaidías de la Ciudad (DAA). La misma describe el tipo de delito, la nacionalidad y la edad del detenido. Los datos analizados corresponden a los detenidos entre el 1 de enero de 2023 al 3 de octubre de 2024.

En cuanto a la información correspondiente al género de los detenidos, la población y los cupos de las dependencias de la Ciudad; la misma fue tomada de informes públicos realizados por la Procuración Penitenciaria de la Nación. Los datos analizados se encuentran actualizados al 31 de diciembre de 2024.