“Toda mi casa se acabó, no tengo nada”. Con estas palabras, una mujer llora desconsolada por la demolición de su vivienda en el marco de la recuperación de espacios para la construcción de la Vía Expresa Sur, una mega obra prevista que unirá los distritos de Carabayllo y San Juan de Miraflores en solo 45 minutos.
Ante las constantes denuncias de atropello y abuso de parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien promociona la construcción una solución para mejorar el tránsito en la capital, la Tercera Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Centro ha decidido intervenir y advierte posibles consecuencias legales para el burgomaestre.
“Exhortar al Señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, en su calidad de alcalde de Lima Metropolitana y a Mariela Falla Chaname, en su condición de gerente de fiscalización, a fin que respeten los derechos de los agraviados y no incurran en los delitos contra el patrimonio en las modalidades de perturbación de la posesión usurpación agravada daño simple daño agravado”, reza el oficio.
Tras las verificaciones en la zona, para la Fiscalía existe un “alto riesgo efectivo” de que se hayan cometido delitos contra el patrimonio, tales como perturbación de la posesión, usurpación agravada, daño simple y daño agravado. Los hechos fueron trasladados a la Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Turno de Santiago de Surco y Barranco, para profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades.
La demolición de inmuebles en el área ha sido catalogada por algunos agraviados como una violación de derechos fundamentales. Juan Lizardo, abogado y propietario de uno de los terrenos afectados, denunció que la actuación de la Municipalidad de Lima vulneró la Constitución y normativas como el Decreto Legislativo 1559 y el Decreto Legislativo 1192, que garantizan el derecho a la propiedad privada.
Lizardo sostiene que su título de propiedad data de 1924, mucho antes de la creación de la reserva vial para la construcción de la Vía Expresa. Este argumento es compartido por otros denunciantes que afirman contar con documentación que respalda su titularidad.
Respuesta de la MML
Por su parte, la Municipalidad de Lima se ampara en la ordenanza municipal 2660, que declara la emergencia de la Vía Expresa Sur. Según sus representantes, esta declaratoria justificaría las intervenciones realizadas en los terrenos. “Son invasores, no tienen derecho a nada”, fue la respuesta de López Aliaga ante los reclamos de los vecinos de Surco, quienes fueron los primeros afectados por los trabajos de recuperación.
El alcalde de Surco, Carlos Bruce, salió a reclamar al también líder de Renovación Popular y lo acusó de estar desesperado por aparentar que está trabajando y recordó que la Vía Expresa Sur, ni siquiera cuenta con expediente técnico. La respuesta de López Aliaga no se hizo esperar y denunció a Bruce de haber malversado fondos de su municipio para hacer obras en un lugar que estaba destinado a la construcción.
El debate no solo enfrenta a los afectados con la municipalidad, sino también a diferentes actores de la sociedad civil. Edwin Derteano, presidente de la ONG “Transitemos”, expresó su respaldo a la ejecución de la obra, destacando que beneficiará a millones de limeños al aliviar el tráfico en Barranco y facilitar la salida hacia el sur. No obstante, reconoció que las formas empleadas por la gestión municipal son discutibles. “Cuando se impone autoridad a nadie le gusta, todo el mundo se queja”, complementó.
Proyecto Vía Expresa Sur
La Vía Expresa Sur, un ambicioso proyecto de infraestructura vial en Lima, busca transformar la conectividad en la capital peruana. Esta obra, que comenzará su construcción en enero de 2025, promete mejorar significativamente la movilidad entre los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores, permitiendo un desplazamiento más ágil y eficiente. Según declaraciones del gerente de Emape, Carlos Peña, la vía será una arteria moderna que incluirá un sistema de transporte metropolitano, eliminando los peajes inicialmente previstos.
El impacto de la Vía Expresa Sur se extiende más allá de la mejora en la conectividad. La autopista, que unirá Carabayllo y San Juan de Miraflores en un tiempo estimado de 45 minutos, representa un avance significativo en la infraestructura de transporte de Lima. No obstante, el costo social de la obra, en términos de desplazamiento de comunidades, sigue siendo un tema de debate y preocupación.
