Gabriel Ramón Jaimes Durán, ex coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, y que había pedido la preclusión del caso que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, pasó de ser investigador a ser investigado por el alto tribunal.
Esta decisión se debe a que la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación por actuaciones irregulares mientras se desempeñaba como procurador segundo delegado para la Casación Penal en el año 2010.
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Según la investigación del caso, Jaimes Durán había certificado a la señora Guiomar Patricia Riveros Gaitán que no presentaba ninguna inhabilidad para contratar con el Estado, aun cuando tenía una condena de cinco años de prisión por el delito de abuso de confianza, quedando firme el 2 de marzo de 2009, según reveló la revista Cambio.
No obstante, con la declaración del entonces procurador delegado, Riveros Gaitán suscribió un contrato de prestación de servicios con el Hospital Militar Central en 2010, pero que años después fue finalizado de forma unilateral tras una petición del organismo de control.
Investigación a la funcionaria del Hospital Militar
Siete años después, el citado medio de comunicación manifestó que la Fiscalía General de la Nación le imputó a la contratista el delito de violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, por lo que el Juzgado 56 Penal del Circuito con funciones de conocimiento la condenó a 64 meses de prisión en primera instancia, además de una multa de 66 salarios mínimos mensuales y una inhabilidad de 80 meses para ejercer funciones públicas, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en agosto de 2021.
De acuerdo con la investigación de la periodista colombiana Cecilia Orozco, una vez Gabriel Jaimes llega a ocupar su cargo como coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia en la Fiscalía General de la Nación, durante la administración de Francisco Barbosa, le fue archivada su investigación por este caso.
Sin embargo, el pasado 26 de febrero de 2025, la Sala Penal de la Corte inadmitió la petición de Guiomar Patricia Riveros Gaitán, quien buscaba que su condena fuera revocada, pero en el auto, el alto tribunal detalló que fue irregular la conducta de Jaimes, al certificar a la mujer en el Hospital Militar Central.
“Considerado que, conforme ha sido constatado en estas diligencias, quien fungía como Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, Gabriel Ramón Jaimes Durán, expidió un documento consignando afirmaciones carentes de veracidad, invocando por lo demás la referida condición de servidor público de la Procuraduría sin poder certificador sobre la ausencia de antecedentes disciplinarios, o penales y en todo caso impeditivos para contratar, a favor de Guiomar Patricia Riveros Gaitán, conforme procedió, por la Secretaría de la Sala, se compulsarán copias del referido documento, así como de las sentencias de primera y segunda instancia y de este auto, para lo de su competencia ante la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el fallo de la Corte Suprema.
Quién es Gabriel Jaimes
Con más de 30 años de experiencia en la rama judicial, Gabriel Ramón Jaimes Durán es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal y magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Sergio Arboleda.
En su curriculum, se destaca su paso por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bucaramanga (en 1994), así como en la Unidad Nacional Anticorrupción y en la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, entidad en la que fue director. Es conocido por ser cercano al exprocurador general Alejandro Ordóñez, con quien trabajo como magistrado auxiliar en el Consejo de Estado (2005 – 2008) y encargado de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación (2010).
Tras su paso por el órgano de control, retornó a la Fiscalía, donde se desempeñó como coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia.
Fiscal del Caso Uribe
No obstante, en 2020, fue fiscal delegado para el caso del expresidente Álvaro Uribe, donde solicitó la preclusión del caso por fraude procesal, soborno en actuación legal y soborno a testigos, argumentando bajo dos causales como atipicidad y ausencia de intervención del investigado, es decir, que los hechos en cuestión no configuran un delito y, que en caso de que si lo fuera, el exsenador no fue el responsable directo.
Sin embargo, en 2022, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz, decidió negar la solicitud del fiscal delegado, al considerar que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito, por lo que el caso continuó hasta la actualidad, donde el mandatario enfrenta un juicio oral.
Ante dicha decisión, Gabriel Jaimes decidió apartarse del caso, asegurando que él no podría practicar más pruebas por vencimiento de términos, según lo establecido en el Código de Procedimiento Penal, por lo que dejó a consideración reasignar el proceso a otro fiscal o detener la investigación.
Ante ello, la Fiscalía reasignó el caso al fiscal Javier Cárdenas, donde también solicitó la preclusión del caso contra el mandatario, solicitud que también fue negada por la jueza 41 de conocimiento de Bogotá, Laura Barrera, en 2023.