En un contexto de redadas masivas y las órdenes de deportación y remoción para inmigrantes ilegales en EE.UU., muchos se preguntan si estos extranjeros tienen derechos. Desde antes de la asunción del actual mandatario, Rob Bonta, fiscal general de California, publicó varios documentos para orientar a los inmigrantes sobre las normas. Asimismo, agendó reuniones con grupos de derechos de los inmigrantes, funcionarios electos y otros grupos implicados en Los Ángeles, Sacramento, Salinas, San Francisco y San Diego.

Qué derechos tienen los migrantes indocumentados en California

Según detalló Bonta en un comunicado de diciembre, los inmigrantes poseen diferentes garantías:

• La posibilidad de solicitar el alquiler de una vivienda sin informar la situación migratoria. Las leyes estatales prohíben a propietarios exigir pruebas de estatus legal. Solo en casos de vivienda subsidiada federalmente se permite esa consulta.
• Hospitales y centros médicos deben brindar atención sin exigir documentos migratorios. Las emergencias médicas deben ser atendidas sin restricciones.

Los derechos de indocumentados en el limbo en medio de las deportaciones masivas de Donald Trump

Según había adelantado Bonta en diciembre, las fuerzas de seguridad estatales y locales tenían prohibido preguntar sobre el estatus migratorio. La legislación impedía que los oficiales consulten esa información en procedimientos rutinarios. Tampoco podían investigar a personas por motivos relacionados con inmigración. Sin embargo, el actual mandatario Donald Trump ordenó la cooperación entre agencias locales y federales en medio de estas redadas de inmigración, una colaboración en la que, hasta ahora, California no ha cedido.

Compartir información con autoridades federales también estaba restringido por las leyes locales en California. Estas restricciones limitaban la cooperación con agencias federales con la intención de evitar el uso indebido de recursos locales en operativos migratorios.

Datos sobre residencia o empleo no podían ser entregados sin una orden judicial. Se aplica una excepción en casos de antecedentes penales. Según la normativa actual de California, el ICE tampoco debería recibir colaboración directa de policías estatales o locales. La ley prohíbe que oficiales participen en arrestos relacionados con inmigración, pero existen excepciones cuando la investigación no tiene relación con el estatus migratorio.

No obstante, son precisamente estos “derechos” de los inmigrantes indocumentados en California lo que mantiene el foco de batalla entre el actual gobernador, Gavin Newsom, y el presidente Trump. Las órdenes ejecutivas del mandatario se vuelven difíciles de aplicar en el estado, por lo que se proyecta una fuerte ofensiva desde el gobierno federal.

Si bien por ahora líderes locales de ciudades gobernadas por demócratas y policía local se ha mantenido en su postura de proteger a los inmigrantes, estos “derechos” podrían cambiar o desaparecer. En otros estados, como Florida, por ejemplo, actualmente las redadas sí involucran una cooperación a gran escala de autoridades federales, estatales y locales.

Qué derechos tienen los trabajadores indocumentados de California

Según detalla el Departamento de Desarrollo del Empleo de California, los trabajadores indocumentados que desarrollan su jornada laboral en el estado tienen derecho a acceder al Seguro de Incapacidad (DI, por sus siglas en inglés) y el Permiso Familiar Pagado (PFL) aunque no posean un número de Seguro Social (SSN).

Ambos programas proporcionan pagos parciales cuando el trabajador requiere ausentarse de su trabajo debido a una incapacidad o por permiso de ausencia familiar.