Bastante controversia generó la publicación del proyecto de resolución “Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”, publicado por el Ministerio de Ambiente y que prevé una presunta protección del entorno. De acuerdo con expertos, la misma hará que queden en vilo varios proyectos de envergadura para la ciudad.
“En el análisis que hacemos como Distrito esto es primero un nuevo ataque del Gobierno Nacional a la autonomía territorial, es una nueva violación a la ley, a la Constitución de Colombia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, afirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
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Por eso, más allá de las controversias de carácter legal que suscitó el proyecto de resolución, el presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martin Caicedo, se pronunció al respecto y dijo que es evidente que la iniciativa –de prosperar– podría paralizar el desarrollo de la infraestructura capitalina.
Por medio de un video en X, el dirigente confirmó, como bien lo ya lo planteó el alcalde Carlos Fernando Galán, que la resolución estaría violando la autonomía territorial y, en consecuencia, un portafolio de obras estratégicas quedaría en el limbo.
“Estamos hablando, por ejemplo, de las ampliaciones de la vía Suba-Cota, de la autopista Norte y de la Carrera Séptima, tres corredores neurálgicos para optimizar los accesos por el norte de la capital. Habría que sumar, además, las afectaciones en la prolongación de la avenida Boyacá, el ferrocarril de la Sabana, el cable aéreo de La Calera, y los Regiotram del Norte y del Occidente”, anotó el dirigente.
De cara a lo anterior, para él, el Gobierno nacional debe evaluar y sopesar las gravísimas consecuencias que acarrearía al desarrollo de Bogotá, a la generación de empleo, a la conectividad y a la logística, la eventual entrada en vigor de la resolución acá referida. Señaló que lo que está en juego es el progreso social y económico del distrito capital y la región.
Acompañamiento de la Procuraduría
Por su parte, por medio de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional (CGN) solicitó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación en el proceso de consulta pública del proyecto de resolución. Advirtió que esta iniciativa, por su alto impacto en la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible y la planificación territorial de la región, requiere un análisis riguroso y un proceso amplio y participativo que garantice la participación de todos los sectores involucrados.
“Acompañando el comunicado hecho por el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., alertamos sobre los riesgos que este proyecto representa para la región y reiteramos la necesidad de una discusión técnica y transparente”, puntualizó el denominado “gremio de gremios”.
El mismo, que preside Camilo Sánchez, señaló que la evaluación que se hizo del proyecto se identificaron varios factores críticos que generan incertidumbre y podrían afectar significativamente el desarrollo de la Sabana de Bogotá.
Puntualizó que el proyecto de resolución genera incertidumbre jurídica al establecer determinantes de aplicación inmediata sin respetar la normatividad vigente, lo que afecta la autonomía de los municipios en sus planes de ordenamiento territorial. Además, impone restricciones que podrían frenar proyectos estratégicos de infraestructura vial y energética, generar incertidumbre sobre el abastecimiento hídrico y limitaría el crecimiento ordenado de la región. También presenta imprecisiones cartográficas en la delimitación de áreas ambientales y define usos del suelo de manera rígida, con lo que desconoce la realidad territorial y restringe el desarrollo integral.
“Dada la trascendencia de este proyecto, instamos a las autoridades a garantizar que la consulta pública sea un ejercicio transparente, incluyente y respetuoso del marco legal vigente, asegurando un balance entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible de la Sabana de Bogotá”, finalizó en su pronunciamiento el Consejo Gremial Nacional (CGN).
Qué dice la Gobernación de Cundinamarca
Por medio de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, aseguró, entre otras cosas, que entiende el objetivo loable que pretende el Ministerio de Ambiente con los lineamientos de ordenamiento territorial para la Sabana de Bogotá. Para él, es claro que se debe mejorar la planificación y garantizar un crecimiento sostenible. Sin embargo, adujo, el mecanismo planteado en esta resolución genera incertidumbre.
Advirtió que, si en verdad el Ministerio de Ambiente pretende que estos lineamientos sean un acuerdo social e institucional legítimo, pidió que se cumplan cuatro puntos:
- Ampliar el plazo de presentación de observaciones; en cinco días es imposible opinar sobre algo que al Ministerio de Ambiente le tomó un año hacer.
- Constituir una mesa con representación variada de la sociedad civil y la institucionalidad para cocrear un modelo de ocupación viable, sostenible y armónico con las actividades productivas que la región más importante del país, en cuanto a demografía y producción económica, merece.
- Construir observaciones a la resolución de lineamientos de la mano de los municipios del área de influencia.
- Mantener la actitud de análisis frente a la propuesta de fondo, hasta tanto este sea un acto preparatorio.