California enfrenta una creciente preocupación debido a las nuevas políticas migratorias de la administración Trump, que permiten arrestos en lugares sensibles como escuelas, hospitales y templos. Estas medidas forman parte del plan del presidente para deportar a migrantes, con redadas y detenciones en zonas previamente consideradas seguras. Ante esta situación, el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) lanzó una línea directa de recursos legales para apoyar a los migrantes en riesgo de ser detenidos.

Cómo es la ayuda a los inmigrantes en California

La línea directa ofrece asistencia en inglés y español

La iniciativa, que comenzó el 22 de enero, tiene como objetivo ofrecer un recurso inmediato para las familias inmigrantes del sur de California que enfrentan la incertidumbre de las políticas de deportación.

La línea directa, disponible de lunes a viernes de 9 a 16 hs del Pacífico, ofrece asistencia en inglés y español a quienes buscan orientación ante posibles arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Con la reciente activación de políticas que permiten arrestos en escuelas, hospitales y hasta iglesias, los inmigrantes en California sienten un creciente temor por su seguridad y la de sus familias.

Inseguridad familiar

Según Laura Urias, directora de programas de ImmDef, estas medidas no solo crean un clima de inseguridad, sino que también ponen en riesgo la integridad familiar. “La detención separa a las familias y expone a las personas a situaciones extremas”, señaló la directora del programa de asistencia a través de un comunicado.

Con la reciente activación de políticas que permiten arrestos en escuelas, hospitales y hasta iglesias, los inmigrantes en California sienten un creciente temor por su seguridad y la de sus familias

Además, Urias sostuvo que “desde ImmDef estamos listos para defender la dignidad de los inmigrantes y el derecho a solicitar asilo, al mismo tiempo que trabajamos por cambios sistémicos en nuestro injusto sistema de inmigración. No daremos marcha atrás”.

El lanzamiento de esta línea directa forma parte de la respuesta organizada frente a las políticas de inmigración de Trump, que intensificaron las detenciones y que afectan a miles de inmigrantes en todo el país.

Defensa legal frente a la deportación masiva en California

El lanzamiento de la línea directa por parte de ImmDef coincide con la demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de California (ACLU, por sus siglas en inglés) contra la administración Trump por su política de deportación masiva.

Un informe de octubre pasado del American Immigration Council revela que las deportaciones masivas de inmigrantes tendrían un costo exorbitante para el gobierno federal

El pedido, realizado en colaboración con las filiales de Washington DC y Nueva York, se basa en los devastadores efectos de la nueva política de deportaciones masivas, que afectan especialmente a los inmigrantes que no pueden probar su permanencia en Estados Unidos por al menos dos años.

Según la ACLU, esta regla viola la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda, ya que priva a los inmigrantes de su derecho fundamental a una audiencia ante un juez antes de ser deportados, lo que representa un ataque directo a la Constitución y a los principios básicos de justicia que sustentan el sistema legal estadounidense.

La demanda, según señalan, expone a millones de personas a ser separadas de sus familias sin ningún recurso legal. Las organizaciones demandantes sostienen que esta política de deportación masiva no solo es inconstitucional, sino que también alimenta un clima de miedo en las comunidades inmigrantes, donde la posibilidad de ser detenidos y deportados sin una defensa adecuada se ha convertido en una amenaza constante.

El alto precio de las deportaciones masivas

Además de la preocupación humanitaria, un informe de octubre pasado del American Immigration Council revela que las deportaciones masivas de inmigrantes tendrían un costo exorbitante para el gobierno federal. Según el estudio, la deportación de millones de personas podría costar hasta 315 mil millones de dólares, sin contar los efectos negativos en la economía del país a largo plazo. Los costos asociados con los arrestos, la detención y el procesamiento legal podrían hacer que esta operación sea insostenible para el gobierno federal.