El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien está apartado del cargo, salió de prisión el sábado, un día después de que un tribunal de Seúl canceló su arresto para permitirle enfrentar su juicio por rebelión en libertad.
Las imágenes de televisión mostraron a Yoon saludando con la mano y haciendo una profunda reverencia ante sus seguidores, que coreaban su nombre y ondeaban las banderas surcoreana y estadounidense.
El político fue arrestado y acusado por la fiscalía en enero por un decreto promulgado el 3 de diciembre para imponer la ley marcial, que sumió al país en una gran crisis política. La Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición, votó a favor de abrir un juicio político en su contra, lo que hizo que fuese suspendido del cargo.
El Tribunal Constitucional delibera si lo destituye formalmente o lo reinstaura en el cargo. Si confirma su cese, habrá unas elecciones generales para nombrar a un sucesor en un plazo de dos meses.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo el viernes que aceptó la solicitud de Yoon para su liberación, citando la necesidad de abordar las dudas sobre la legalidad de las investigaciones en su contra. Los abogados del mandatario han acusado a la agencia investigadora que lo detuvo antes de su arresto formal de carecer de autoridad legal para investigar los cargos de rebelión.
El tribunal de Seúl también dijo que el período legal de su arresto formal expiró antes de que fuese acusado.
La Fiscalía de Corea del Sur ha anunciado que no apelará el dictamen del tribunal que ha revocado la detención del suspendido presidente del país, Yoon Suk Yeol.
Los fiscales han confirmado que acatarán así la decisión del Tribunal del Distrito Central de Seúl y ya han notificado al Centro de Detención de Uiwang, el recinto donde el suspendido presidente lleva bajo detención desde hace 52 días, que inicien los trámites de su liberación, informa la agencia oficial de noticias del país.
Yoon se encuentra suspendido desde que la Asamblea Nacional aprobara el 14 de diciembre su destitución a medida que continúan las investigaciones en su contra por su fallida declaración de ley marcial efectuada ese mes y que arrastró al país a una crisis política sin precedentes.
El Tribunal Constitucional tiene 180 días para ratificar o anular la decisión parlamentaria y, en caso de que avale la destitución, el país deberá acudir a elecciones en un periodo de 60 días.
(Con información de Europa Press)