El Ministerio de Trabajo llevará este jueves al Consejo de Ministros para su aprobación un paquete de medidas en materia laboral y de prevención de riesgos en el que se contempla la modificación del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo permiso retribuido con el que blindar el derecho a ausentarse del trabajo en caso de catástrofes, según han informado a Europa Press en fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz.
En concreto, se incorporará al Estatuto de los Trabajadores lo que Trabajo denomina permisos ‘climáticos’: hasta cuatro días de permiso remunerado para el trabajador por la imposibilidad de acudir al centro de trabajo ante una catástrofe, prorrogables hasta que desaparezcan las circunstancias que lo motivaron.
En caso de que sean necesarios más días, las empresas podrían hacer uso de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor para su justificación.
Las medidas laborales que prevé aprobar este jueves el Consejo de Ministros contemplan además el derecho de los trabajadores a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes.
Será obligatorio para todos los convenios colectivos negociar protocolos de actuación que recojan medidas de prevención de riesgos laborales frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.
Ante riesgos graves e inminentes, la empresa estará obligada a informar lo antes posible de las medidas a adoptar y dar instrucciones para interrumpir la actividad, que quedará suspendida hasta que remita el peligro.
«NUEVO DERECHO VERDE»: SINDICATOS PODRÁN ACORDAR PARALIZAR ACTIVIDAD
Asimismo, Trabajo ha diseñado un «nuevo derecho verde», por el que los representantes legales de los trabajadores o, en su defecto, los delegados de prevención, podrán acordar la paralización de la actividad para evitar riesgos a las plantillas.
Fuentes del Ministerio han dejado claro que los trabajadores no podrán sufrir perjuicio alguno por la adopción de todas estas medidas.
El Departamento que dirige Yolanda Díaz aprobará en el plazo de un año el reglamento sobre la protección de las personas trabajadoras frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral.