La tarde del último martes, el refugio animal “Entre Patas” en Chepén, al norte del Perú, estaba en pleno horario de comida para sus 45 perros. Lo curioso no era la cantidad de comida servida, ni la dedicación en su preparación, sino el contenido de las latas que estos animales estaban a punto de consumir: conservas de carne de la marca Don Simón, una de las mismas que Qali Warma había destinado para los niños de las escuelas públicas en todo el país.
Lo que debía ser un alimento saludable para menores en situación de vulnerabilidad terminó, por razones desconocidas para la mayoría, en los platos de los canes de un refugio local.
Este insólito caso es parte de un escándalo mucho más grande que involucra no solo a Frigoinca, la empresa encargada de la producción de estas conservas, sino también a una red de corrupción que permitió que el producto defectuoso fuera distribuido a miles de colegios a lo largo del Perú, poniendo en riesgo la salud de miles de niños, mientras que, al mismo tiempo, los funcionarios responsables de su control hicieron la vista gorda.
Lo que parecía ser una iniciativa de ayuda alimentaria terminó en una trama de engaños y encubrimientos, cuyo epicentro se encuentra en la planta de producción de Frigoinca, en Chepén, la misma ciudad donde comenzó este escándalo.
El doble juego de Frigoinca
Los documentos revelados por el equipo periodístico de Punto Final dejaron en claro que, lejos de ser una excepción, el envío de conservas defectuosas a refugios de animales formó parte de una estrategia sistemática para ocultar la calidad comprometida del producto.
Según la información, las latas defectuosas que Frigoinca no podía entregar a los colegios, debido a su mal estado, fueron desviadas hacia albergues de animales como el de “Entre Patas”.
Allí, miles de latas de Don Simón fueron entregadas como alimento para perros, con la advertencia de que no era apto para consumo humano. Sin embargo, lo más alarmante es que estas mismas conservas provenían del mismo lote que estaba siendo distribuido a los niños beneficiarios del programa Qali Warma.
Lo que parecía ser una simple donación de alimentos a un refugio animal resultó ser parte de un encubrimiento mucho más grande. Cada vez que los especialistas en salud llegaban a inspeccionar la planta de Frigoinca para verificar la calidad de sus productos, la empresa, de forma sospechosa, lograba retirar de circulación los lotes comprometidos antes de que pudieran ser analizados.
Sin embargo, en lugar de destruir esos productos defectuosos, la empresa optó por enviarlos a refugios para animales, en un intento de borrar cualquier rastro que pudiera implicarla en una violación de las normas sanitarias.
La red de corrupción que permitió la impunidad
Lo que inicialmente parecía un descuido por parte de los encargados de controlar la calidad de los productos, pronto se convirtió en una cadena de corrupción en la que estuvieron involucrados varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
Según los documentos a los que tuvo acceso el mencionado dominical, Frigoinca sobornó a empleados del estado para que sus productos defectuosos siguieran siendo distribuidos bajo el programa Qali Warma, a pesar de que múltiples informes alertaban sobre los riesgos para la salud pública.
A través de una serie de sobornos, se logró que los productos que, en varias ocasiones, habían sido reportados como dañados o peligrosos, fueran aprobados por los responsables del control sanitario. A pesar de las numerosas denuncias sobre la mala calidad de las conservas Don Simón, las sanciones a Frigoinca fueron mínimas.
En el mejor de los casos, la empresa recibió una multa de 2 UIT, una sanción irrisoria en comparación con la magnitud del daño causado. En paralelo, el Ministerio de Salud, bajo la dirección de funcionarios como Mario Troyes, permitió que la empresa siguiera operando sin problemas.
Este encubrimiento no se limitó a funcionarios de segunda línea. También se vio involucrada la exinspectora de DIGESA, Yesabella Alejandra Pazos, quien, según las investigaciones, recibió sobornos de la empresa para certificar que sus productos cumplían con las normas sanitarias, a pesar de la evidencia en contrario.
Además, los documentos obtenidos por el equipo de investigación revelan que Frigoinca tenía un patrón repetido: antes de cualquier inspección, los lotes de conservas defectuosas desaparecían misteriosamente.
El costo de la corrupción
Este escándalo no solo expuso la falta de control en el manejo de productos destinados a los sectores más vulnerables de la población peruana, sino también la impunidad con la que operaban empresas como Frigoinca, que se beneficiaron durante años de un sistema de corrupción que afectó la salud de miles de niños.
El caso ha puesto en evidencia una serie de fallos en el sistema de supervisión estatal, que permitió que productos dañados fueran vendidos y distribuidos a través de un programa que debía velar por el bienestar de los más necesitados.