Un acuerdo reciente puso fin a una práctica ilegal que afectaba a miles de trabajadores temporales en Illinois. En una resolución histórica, el fiscal general Kwame Raoul logró que la agencia Metro Staff Inc. pague US$1,8 millones para compensar a los empleados perjudicados por acuerdos ilícitos de fijación salarial y no competencia.
Este acuerdo, que surge tras una larga batalla legal, promete cambiar el panorama de la industria del trabajo temporal en el estado, al proteger mejor a los trabajadores y abrir así nuevas posibilidades de empleo.
El caso de Metro Staff Inc. en Illinois y el impacto en los trabajadores
En noviembre de 2024, la oficina del Fiscal General de Illinois llegó a un acuerdo con Metro Staff Inc., una agencia de trabajo temporal que, junto con otras de la industria, había incurrido en prácticas ilegales como acuerdos de no competencia y fijación de salarios.
Estos acuerdos no solo restringían las oportunidades de empleo para los trabajadores temporales, sino que también mantenían los salarios artificialmente bajos, lo que perjudicaba su capacidad para encontrar mejores empleos.
La demanda original, presentada en 2020 por la oficina de Raoul, involucraba a varias agencias de empleo, entre ellas Metro Staff Inc., Elite Staffing Inc. y Midway Staffing Inc., así como a Colony Display LLC, una empresa manufacturera.
Se alegó que estas agencias se habían puesto de acuerdo para no contratar a los empleados de las otras (acuerdo de no competencia) y para fijar los salarios que debían recibir los trabajadores.
El acuerdo alcanzado implica que Metro Staff Inc. pague una compensación de US$1,8 millones, que será distribuida entre los trabajadores temporales afectados. Además, la agencia se comprometió a implementar medidas para evitar que se repitan prácticas similares en el futuro y a adoptar nuevas políticas que protejan los derechos de los trabajadores.
El rol de Colony Display y las agencias involucradas
El proceso judicial reveló cómo Colony Display, un cliente común de las agencias de trabajo temporal, facilitó los acuerdos ilegales entre las empresas. La investigación reveló que estas prácticas no solo perjudicaron a los trabajadores temporales, sino que también perjudicaron el mercado laboral en Illinois al reducir la competencia.
El Fiscal General Raoul fue firme en su posición contra estos acuerdos. En su comunicado, señaló que “cuando los empleadores conspiran para mantener los salarios bajos, los trabajadores de Illinois y sus familias sufren”. Además, destacó que su oficina continuará en la lucha para garantizar que las leyes que protegen los derechos laborales sean respetadas, y que los ciudadanos tengan acceso a salarios justos y mejores oportunidades.
Este acuerdo es el más reciente en una serie de resoluciones que involucraron a agencias de empleo temporal y sus clientes. En 2023, se alcanzó un trato de US$1.2 millones con Colony Display y, en 2024, otro de US$1.5 millones con Elite Staffing Inc., otro de los implicados en las prácticas ilegales.
Medidas de cumplimiento y cambios en la industria
Como parte del acuerdo con Metro Staff Inc., la agencia se comprometió a adoptar medidas de cumplimiento más estrictas y a abstenerse de participar en prácticas que violen las leyes antimonopolio en el futuro. Entre estas, se incluyen políticas para garantizar que los trabajadores afectados por los acuerdos ilícitos puedan elegir libremente a qué empleador desean prestarle su fuerza laboral sin restricciones indebidas.
Asimismo, el acuerdo también establece que Metro Staff Inc. implementará nuevas políticas para proteger a los trabajadores de futuros intentos de manipulación de salarios o condiciones laborales. Esto no solo beneficia a los empleados actuales de la agencia, sino que también marca un precedente en la industria del trabajo temporal, dando un ejemplo claro de que tales prácticas no serán toleradas.
El impacto de este acuerdo es significativo, no solo para los trabajadores que recibirán compensaciones, sino también para el futuro del mercado laboral en Illinois. Si bien el trato en sí mismo no borra las consecuencias de años de prácticas injustas, sí marca un cambio en la forma en que las agencias de trabajo deben operar, y envía un mensaje claro de que las leyes que protegen a los trabajadores no serán ignoradas.