El gobierno de Estados Unidos, a través del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, criticó duramente al régimen sirio por no cumplir con las directrices de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que hace un año ordenó el cese de torturas y malos tratos a detenidos.
“El régimen (sirio) no ha cumplido con estas directivas”, declaró Miller, subrayando que la situación sigue siendo alarmante. Organizaciones de derechos humanos han continuado documentando prácticas de detención arbitraria y tortura por parte del régimen de Bashar al Assad.
“Incluso, más recientemente, contra sirios que huyen del conflicto en el Líbano”, agregó Miller, quien señaló que estas violaciones perpetúan un patrón sistemático de abusos pese a las advertencias internacionales.
En respuesta, el Departamento de Estado norteamericano anunció sanciones contra Abdul Salam Fajr Mahmoud, general de brigada de la Fuerza Aérea Siria, junto a su esposa y cuatro hijos.
Estas medidas, aplicadas bajo el artículo 7031, se justifican por su “participación en graves violaciones de los derechos humanos, a saber, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, según el comunicado oficial.
Durante el conflicto en Siria, que inició en 2011, se han registrado más de 15.000 muertes por tortura y malos tratos, incluyendo ciudadanos estadounidenses, indicó Miller.
Estos datos respaldan la gravedad de las acusaciones y alimentan el llamado de Estados Unidos a que Siria detenga estas prácticas. “Las víctimas, los supervivientes y sus familias merecen justicia y rendición de cuentas”, expresó el portavoz. El Departamento de Estado reiteró su exigencia al régimen de Al Assad de cumplir con la orden vinculante de la CIJ.
“Hacemos un llamamiento a las autoridades sirias para que cesen de inmediato su uso brutal y sistemático de la tortura”, afirmó Miller, sumándose a las voces internacionales que exigen acciones concretas para detener estos abusos.
El fallo de la CIJ en octubre de 2022 marcó un hito legal desde el inicio del conflicto sirio. El tribunal, en respuesta a una solicitud conjunta de Canadá y Países Bajos, ordenó al régimen sirio poner fin a las torturas y preservar pruebas de violaciones.
Esta decisión se basó en el incumplimiento de la Convención contra la Tortura, tratado que Siria suscribió pero que, según las denuncias, ha violado sistemáticamente desde la represión violenta de protestas civiles en 2011.
Aunque el dictamen es vinculante, la CIJ carece de mecanismos para garantizar su cumplimiento. Casos similares, como su intervención tras la invasión rusa de Ucrania, evidencian la limitada capacidad del tribunal para imponer sus resoluciones.
La persistencia de estas violaciones en Siria ha generado crecientes críticas a nivel global. La comunidad internacional enfrenta el desafío de garantizar que el régimen sirio respete los compromisos asumidos en el marco de la Convención contra la Tortura.
Mientras tanto, las sanciones impuestas a funcionarios sirios, como las recientes designaciones del Departamento de Estado, buscan aumentar la presión sobre el gobierno de Assad. Sin embargo, la efectividad de estas medidas dependerá de una acción conjunta que implique a más actores internacionales.
El conflicto sirio, que ha dejado cientos de miles de muertos y desplazados, sigue siendo un tema de gran preocupación en el escenario global, con demandas de justicia que aún no han sido atendidas.
(Con información de EP)